El juez envía a la Audiencia Nacional la causa sobre los contratos de incendios

Valencia

El juez que investiga la trama del supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios, en la que están investigados el exconseller Serafín Castellano, exaltos cargos de la Comunitat Valenciana y Cataluña, y una treintena de empresarios, ha acordado enviar la causa a la Audiencia Nacional.

Según ha informado hoy el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez aprecia indicios de la existencia de un "grupo criminal" que actuaba en varias comunidades autónomas y en Portugal, Italia y Chile.

La causa investiga la supuesta comisión de los delitos de falsedad, cohecho, malversación, prevaricación, negociación prohibida, pertenencia a grupo criminal y alteración del precio de concursos públicos. El origen de esta causa fue una denuncia interpuesta en mayo de 2015 por la Fiscalía Anticorrupción ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto (Valencia), que posteriormente se inhibió y pasó a instruirla el Juzgado número 2 de esa misma localidad.

El 29 de mayo de 2015, miembros de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a nueve personas, entre ellas al entonces delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, y el empresario propietario de Avialsa, Vicente Huerta.

El alcalde de Quartell en funciones y un exalcalde de esta población valenciana, ambos del PP; un empleado de Aviación Civil y el propietario de un coto manchego, que cumplía pena en la cárcel de Albacete por otros asuntos, fueron otros de los detenidos.

Además, se practicaron entonces varios registros, en la vivienda de Castellano en Benisanó (Valencia) y en varias sedes de la Generalitat, como las consellerias de Sanidad, Gobernación e Infraestructuras.

Posteriormente, el pasado 13 de enero fueron detenidas una veintena de personas, entre ellas el ex director general de Interior de la Generalitat Pedro Hidalgo y un alto cargo del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Cataluña, y se practicaron veinte registros en varias comunidades autónomas.

De esta forma, la operación policial se desarrolló en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha.

En la causa hay más de treinta personas y veinte empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional a internacional (Italia, Portugal y Chile).