Unanimidad en el pleno de Lugo para pedir un cuarto juzgado de lo social
La corporación rechazó una propuesta del PP para estudiar la retirada del fotorrojo de la Ronda de la Muralla
Sesión plenaria en el Concello de Lugo / Radio Lugo
Lugo
El último pleno del Concello de Lugo de 2016 ha aprobado hoy por unanimidad una proposición del BNG, con la incorporación de una enmienda del PP, para exigir la creación del cuarto juzgado de lo social en la capital lucense.
La concejala nacionalista Maite Ferreiro acusó al PP en su primera intervención de "nula sensibilidad" con los problemas de los trabajadores que están viendo como se fijan juicios en 2018 para resolver sus problemas laborales.
En sus argumentos apeló a la solicitud efectuada por el propio personal de los juzgados de Lugo en 2014, en la que pedían medidas de refuerzo. Además, en 2015, los tres juzgados solicitaron otro y un juez de refuerzo.
Maite Ferreiro, concejala del BNG, sobre la necesidad de un cuarto juzgado de lo social en Lugo (29/12/2016)
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La portavoz del gobierno Ana González Abelleira reconoció la "necesidad inmediata" de este juzgado o, al menos de forma temporal, la creación de una plaza de juez de refuerzo "para reducir el tiempo de espera y el señalamiento de juicios".
El Grupo Municipal del Partido Popular se mostró conforme con la propuesta en tanto que la situación empeora "exponencialmente". El viceportavoz, Antonio Ameijide, señaló que "lo más inmediato es un juez de refuerzo".
En la misma línea se pronunciaron los portavoz de Lugonovo, BNG, Ciudadanos y Alternativa Cidadá de Esquerdas, que lamentaron la "debilidad" de los trabajadores que soportan incluso dos años sin cobrar mientras esperan por el juicio para resolver los conflictos laborales con sus empresas.
El pleno rechazó una propuesta del Partido Popular para estudiar la retirada del fotorrojo de la Ronda de la Muralla, con los votos en contra de todos los concejales excepto los populares.
El portavoz del PP, Jaime Castiñeira, mostró sus preferencias por los radares en lugar del fotorrojo, de que dijo que "solo tiene vocación de recaudación, no de regular la velocidad, con 1.500 euros al día, medio millón de euros al año".
El gobierno local replicó a Castiñeira que durante el periodo de prueba del fotorrojo se registraron trescientas infracciones diarias, cifra que cayó a treinta y cinco una vez empezó a funcionar.
Todos los grupos excepto el PP justificaron el efecto positivo del fotorrojo en la reducción de la velocidad en la Ronda, especialmente en ese punto en el que se registraron numerosos accidentes graves.
