La Universidad de Sevilla ha suspendido «de toda actividad académica» al catedrático Santiago Romero con «carácter inmediato». Además, le prohíbe acceder a la Facultad de Ciencias de la Educación, donde ocurrieron los abusos sexuales por los que ha sido condenado a siete años de cárcel. La apertura del procedimiento sancionador, informa la Hispalense, «se acompaña con la suspensión cautelar de toda actividad universitaria al profesor Santiago Romero, al tiempo que se le prohíbe acceder al Centro». Según explica la Universidad el procedimiento sancionador contra el catedrático quedó paralizado hace casi siete años como consecuencia de la instrucción del procedimiento penal. La Universidad recuerda que fue la institución quien presentó la denuncia ante la Fiscalía que ha dado lugar a esta condena. Denuncia hecha cuando ellas contaron lo que ocurría en el Rectorado. Durante este tiempo, Santiago Romero ha seguido impartiendo clases en la facultad de Ciencias del Deporte. Las tres mujeres tuvieron que dejar su empleo por la situación de estrés y ansiedad que sufrieron. De hecho, una de ellas sigue en tratamiento psicológico. Una de las víctimas tuvo el mejor expediente académico de su promoción y, dice la sentencia, tenía un incuestionable deseo de dedicarse a la docencia. Ha terminado abandonando por completo e incluso se ha marchado de España. Otra se fue de Sevilla a Granada y sigue, diez años después de su ingreso en la docencia, en su condición de interinidad. La tercera sí ha vuelto a la Universidad, a la facultad de Enfermería en Sevilla, para no coincidir con el condenado, que ha seguido en su puesto de catedrático. Desde el primer día que llegaron al departamento en 2006 Santiago Romero, según recoge la sentencia, les dejó claro que era él quien tomaba las decisiones relevantes en cuanto a docencia, investigación o contratación. De modo que debían seguir sus indicaciones y nombrarlo, por ejemplo, director de las tesis doctorales o había que hacer constar su participación en las publicaciones que hicieran aunque él no hubiera participado. De lo contrario, les boicotearía sus trabajos o les impediría leer la tesis doctoral. La Universidad ha sido declarada responsable civil subsidiaria y tendrá que indemnizar en 110.000 euros a las tres víctimas si el exdecano y catedrático no tiene dinero para hacerlo. La Hispalense ha sido declarada responsable civil subsidiaria porque resulta que el jefe del departamento, el profesor Sanchís, igualmente personal funcionario de la Universidad de Sevilla, cuando las mujeres le contaron lo que les estaba pasando tuvo la obligación de denunciar y no lo hizo. Simplemente se ofreció a acompañarlas cuando acudieran al despacho y les aconsejó evitar al acusado, o las situaciones en las que pudieran encontrarse a solas con él; incluso les pidió que intentaran llevarse bien con Romero para evitar otros problemas.