El Gobierno expulsa a otros 80 migrantes de la prisión de Archidona

Málaga

El Gobierno central ha retomado este año nuevo el proceso para expulsar a su país a otras 80 personas que llevaban semanas recluídas en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros) improvisado en la cárcel de Archidona (Málaga). La última salida tuvo lugar este lunes a última hora en dos autocares escoltados por furgonetas de la Policía Nacional.

Entre los activistas concentrados a las puertas de la cárcel en ese momento para protestar contra el traslado, estaba el hermano del hombre que falleció el pasado viernes. Según la autopsia, la víctima se suicidó en su celda utilizando una sábana, pero su familiar ha venido a España para conocer más detalles de la muerte que investiga un juzgado.

Aunque el Ministerio del Interior no facilitado el dato exacto, las ONG calculanque aún hay más de un centenar de internos en esta prisión pendientes de ser devueltos a su país de orígen.

SOS Racismo se ha sumado a la petición de dimisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras conocerse la muerte de este migrante de origen magrebí.

La organización ha culpado al Gobierno de la muerte y cree que se trata de "un asesinato más producto del racismo institucional que supone la política migratoria basada en el encierro y la deportación". Además, acusa al actual titular de Interior de haber llevado la "violación de derechos" de los inmigrantes "a un extremo criminal" en el caso de las instalación de la provincia de Málaga.

"Con la cárcel de Archidona, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha llevado la violación de derechos a un extremo criminal: ha usado una instalación penitenciaria como CIE, algo prohibido expresamente por la actual Ley de Extranjería y denunciado por la Defensoría del Pueblo; ha empleado datos falsos para internar a las personas; ha intentado deportar a adolescentes; y ayer mismo, como muestra un vídeo, la policía reprimía violentamente a las personas privadas de libertad en Archidona", denuncian los activistas de la organización.

Por ello, además de la dimisión de Zoido, exigen el cierre de la cárcel Archidona y de "todos los CIE del Estado Español", así como la liberación de las personas internadas en ellos. Reclaman también que se inicie "una investigación judicial transparente de lo sucedido", que se identifique al fallecido y que se lleven a cabo medidas de reparación del daño a su familia. La Junta de Andalucía se suma al malestar de estos colectivos.