La Comunidad de Madrid deja en manos de los centros la gestión de la educación inclusiva
El gobierno regional tiene ya listo el borrador del primer decreto con el que pretende dar respuesta a la diversidad del alumnado
GETTY IMAGES
Madrid
La Comunidad de Madrid tendrá su Decreto propio de educación inclusiva. El gobierno regional trabaja desde hace más de un año y medio en una normativa que regule la atención educativa de todos los alumnos con especial atención de aquellos más vulnerables. Sin embargo, el primer borrador del texto, en el que ha colaborado CERMI (Comité español de representantes de personas con dispacidad), no pone recursos sobre la mesa para garantizar la educación inclusiva sobre la mesa. Básicamente incluye líneas generales sin establecer un plan común para todos los alumnos y deja en manos de cada centro, de cada colegio o instituto, la elaboración de un plan de educación inclusiva propio y personalizado. En ese plan, los centros tendrán que incluir las herramientas de planificación y organización que permitan dar respuesta a las necesidades de todos los alumnos.
Más información
El texto elaborado por la Comunidad de Madrid no tiene en cuenta la proposición de ley que se registró hace unos meses en la Asamblea de la mano de 39 ayuntamientos de la región, de todos los colores. Una iniciativa legislativa que sí fija el numero de docentes y de profesionales que serían necesarios en los centros en función de los alumnos que presenten necesidades especiales.
El caso de Adrián
La nueva normativa no va a solucionar uno de los grandes problemas con los que se encuentran las familias con hijos que presentan necesidades educativas especiales, tal y como reconoce la Plataforma TEA Incluye. Tampoco resuelve casos como el de Adrián, un niño de seis años con autismo al que la Consejería de Educación ha obligado a matricularse en un centro de educación especial en contra de la voluntad de su familia.
Según la administración, el menor necesita más apoyos de los que ha tenido hasta ahora en el sistema ordinario, en un colegio público de Leganés, donde hay un aula de atención preferente para menores con trastornos generales del desarrollo (TGD). La consejería de educación asegura que las necesidades que presenta Adrián no pueden ser atendidas en un centro ordinario con apoyos y que mantenerle ahí podría suponer un claro perjuicio para su desarrollo personal y social. La familia de Adrián solicitó en los tribunales medidas cautelares para paralizar la decisión de la administración, pero la justicia lo rechazó alegando que podía perjudica al resto de compañeros de clase. La madre del menor acaba de presentar un nuevo recurso en el que alega que "la administración no ha agotado todas las posibilidades de inclusión educativa".
