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Referéndum ielgal del 1 de Octubre

Los profesores acusados de delito de odio lo niegan

Se trata de varios docentes a quienes acusan de un delito de odio que se habría cometido tras la consulta ilegal del pasado 1 de octubre. Agentes de la Guardia Civil denunciaron presiones sobre sus propios hijos en clase, algo que los maestros han negado hoy en sus declaraciones

La directora de los servicios territoriales de Enseñanza de la Generalitat del Baix Llobregat, Núria Vallduriola, atiende a los medios ante la Ciutat de la Justicia, donde seis profesores del instituto de educación secundaria (IES) El Palau de Sant Andreu / Toni Albir (EFE)

La directora de los servicios territoriales de Enseñanza de la Generalitat del Baix Llobregat, Núria Vallduriola, atiende a los medios ante la Ciutat de la Justicia, donde seis profesores del instituto de educación secundaria (IES) El Palau de Sant Andreu

Barcelona

Hoy han sido 6 los docentes que han declarado ante la Guardia Civil porque la Fiscalía ha delegado en este cuerpo los interrogatorios, pero en total son 11 los profesores investigados por delitos de odio y discriminación y algunos también por amenazas.

Los hechos se remontan al dos de octubre, en unos debates improvisados en algunas clases de secundaria y bachillerato del Instituto 'El Palau' en Sant Andreu de la Barca, en Barcelona.

Los maestros han defendido su labor. Dicen que se limitaron a moderar y a respetar todas las opiniones. Lo afirmaba la responsable del departamento de Enseñanza de la Generalitat en la comarca, Núria Vallduriola: "Están negando que hubiera ningún comentario de ese tipo salido de sus personas. Sí puede ser que otros niños menores hayan pronunciado alguna expresión que no correspondía en ese momento y por lo tanto el docente reclamó que todo el mundo debía saber cómo mantener su posición y respetar la de los otros"

La Asociación Española de Guardias Civiles, en cambio, argumenta que algunos profesores obligaron a todos sus alumnos a posicionarse en público y algunos jóvenes acabaron llorando. La Fiscalía deberá decidir ahora si se querella contra estos maestros y les lleva ante un juez

 
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