Confirman la sentencia de la Trama Solar

Zamora

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de lo Civil y Penal con sede en Burgos, ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora por la “trama solar” o “caso de las fotovoltaicas”, y por tanto confirma el fallo de culpabilidad del Jurado Popular sobre los actos atribuidos a José Bahamonde Salazar, su hijo Javier Bahamonde, su compañera Blanca Blanco, el responsable de Iberdrola Agustín de la Fuente y el ex presidente de Pevafersa Vicente Fernández Manso.

El alto tribunal regional desestima íntegramente el recurso interpuesto por los condenados, a los que se imponen las costas y a los que únicamente quedaría la interposición de un recurso de Casación por Infracción de Ley ante el Tribunal Supremo.

Entre otros argumentos, el Tribunal Superior de Justicia asume el recurso por la falta de motivación del objeto del veredicto, pero añade que la defensa no formuló la preceptiva protesta en su momento.

Igualmente desmonta sucesivamente el recurso por la vulneración de la presunción de inocencia de los condenados; por la infracción del precepto legal en la calificación jurídica de los hechos; y por la indebida aplicación del Código Penal al rechazarse la atenuante de dilación indebida en el procedimiento.

Así pues, el Tribunal Superior de Justicia confirma las condenas impuestas por la Audiencia Provincial de Zamora:

José Bahamonde fue condenado a una multa de 10.800 euros y 2 años de inhabilitación por un delito de Negociación Prohibida a Funcionarios; así como un año y medio de suspensión de empleo y cargo público y una multa de 369.424 euros por un delito de Cohecho.

Javier Bahamonde, Vicente Fernández y Agustín de la Fuente, fueron condenados a 9 meses de prisión por un delito de Tráfico de Influencias, así como una multa equivalente a los beneficios obtenidos (138.807,79 euros Agustín de la Fuente, 159.000 euros Javier Bahamonde y 368.622 euros Vicente Fernández).

Y la compañera de José Bahamonde, Blanca Blanco, fue condenada como colaboradora necesaria de un delito de Negociación Prohibida a Funcionarios, a una multa de 7.200 euros y un año de inhabilitación.