Sobre la devolución por carreteras
Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias ha advertido que sin convenio de carreteras no habrá apoyo a los presupuestos del Estado. Al margen de que la aprobación de los presupuestos no dependen ahora tanto del voto de los dos diputados canarios, sino de los vascos, renuentes a comprometerse con el Gobierno que puso en marcha el 155, la advertencia sobre la firma del convenio de carreteras es oportuna. Se produce justo cuando el Tribunal Supremo reconoce por sentencia una deuda de 138 millones que el Gobierno de Canarias reclamaba a Madrid, por incumplimiento del convenio de 2012. La sentencia es sin duda la primera de una serie que se irán produciendo en años sucesivos en la misma línea, dado que los recursos contra el incumplimiento del Convenio, se presentaron año por año de manera anual, entre 2012 y 2014, aunque dejaron de presentarse en la etapa de Ornella Chacón al frente de la Consejería (2015 y 2016), sin que el Gobierno haya sido capaz de explicar por qué se hizo tal cosa. En cualquier caso, la deuda final del Estado con las islas supone un total de 462 millones, que Fomento estaba dispuesto a incorporar al nuevo convenio. Es un buen pico, que –tras el fallo del Supremo- la Administración Central deberá transferir a las islas por la vía de crédito extraordinario, como adenda al convenio o renuncia al cobro de cantidades adelantadas del Fondo de Liquidez Autonómica. La cuestión es que el dinero vaya llegando y se puedan acelerar las obras viarias suspendidas durante la crisis.
Es cierto que durante los años más duros se produjeron recortes en todo. Sin embargo, unos territorios fueron mejor tratados que otros. Como demostración, ahí está Galicia, regada con dinero para carreteras de una forma escandalosa cuando en Canarias se retiraba hasta el último euro del convenio. El enfrentamiento entre el ministro Soria y Paulino Rivero, provocó que el Gobierno de Rajoy fuera especialmente cicatero con las islas, y se incumplieran los compromisos plurianuales contraídos. Ese incumplimiento es el que sustancia el fallo del Supremo, que contradice uno previo de la Audiencia Nacional. El criterio es que el Estado puede reconsiderar sus gastos, pero no puede dejar de atender obras ya comprometidas en licitaciones plurianuales. Ahora lo que toca es pagar lo que se le debe a las islas. Y estudiar si es viable la reclamación de las cantidades no abonadas entre 2015 y 2016.
