Los niños con necesidades especiales esperan un año de media para las terapias de la Comunidad de Madrid
Las familias denuncian la falta de recursos para la atención temprana de los menores de entre 0 y 6 años que presentan algún trastorno o retraso madurativo
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Madrid
Según las estadísticas del INE, en la Comunidad de Madrid hay cerca de 30.000 niños de entre 0 y 6 años susceptibles de presentar alguna necesidad especial (autismo, retraso madurativo, trastornos del habla o la conducta) aunque solo hay 3.417 plazas disponibles para ellos en los centros de atención temprana de la red pública regional. Hay pocas plazas y los tiempos se alargan para una ayuda que es urgente como su propio nombre indica, atención temprana. Es lo que denuncian las familias.
Cuando el pediatra detecta que los pequeños presentan alguna necesidad especial y prescriben una terapia, las familias se dirigen, primero, al CRECOVI (Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil), el único organismo de la Comunidad habilitado para valorar a los pequeños y determinar la ayuda que necesitan. Aquí la espera media suele ser de tres meses según la consejería de Políticas Sociales (se ha reducido, nos explican, a más de la mitad en esta legislatura), aunque los tiempos "pueden cambiar en función de las agendas de los profesionales", según explica una portavoz de este departamento.
Después, con un dictamen del CRECOVI ya en la mano, con la valoración ya realizada, las familias esperan de nuevo para conseguir una plaza en un centro de atención temprana de la red pública. Es aquí donde los plazos se alargan. En el caso de Lucía, su hija Elena estuvo esperando desde los 18 meses hasta los tres años para obtener esa ayuda. En todo ese tiempo, su familia recurrió a terapias privadas como explica su madre: "Estuvimos esperando un año y medio y mientras, como mi hija necesitaba estimulación, tuve la suerte de poder permitirme terapias privadas. En año y medio mi hija era otra persona. Era capaz de prestar prestar atención, hacía los puzzles con una velocidad que alucinaba a todo el mundo; era capaz de atender órdenes que al principio no entendía. Era capaz de señalar, que no sabía", nos cuenta Lucía, emocionada, sobre el enorme salto que dio su pequeña, con un trastorno del espectro autista, a razón de unos 200 euros al mes.
Lucía, portavoz de la Plataforma TEA Incluye, que agrupa a familias con niños autistas, cree que la administración está desbordada por todo esto, "puede que haya más diagnósticos o que las familias nos hemos empezado a movilizar y a protestar". Lo ideal, nos explica, sería que las esperas "no superaran el mes o el mes y medio porque cuanto más pequeños son los niños más capacidad tienen para aprender y absorber esos apoyos".
La Plataforma de Atención Temprana de Madrid, creada recientemente a raíz de estos problemas, ha recopilado más de 35.000 firmas que llevarán este jueves al Pleno de la Asamblea de Madrid para reclamar una ley de protección de los derechos de la infancia con diversidad funcional que garantice los recursos y la atención efectiva de los niños con necesidades especiales. "Queremos revertir la situación a la que estamos sometidos miles de familias con hijos en la Comunidad de Madrid", asegura Óscar, portavoz de esta plataforma. En el caso de su hija, Ariadna, llevan ocho meses esperando conseguir una plaza en un centro de atención temprana de la red pública, a los que habría que añadir los tres meses que esperaron para llegar primero al CRECOVI. Óscar, como Lucía, ha recurrido a costearse un tratamiento privado para que Ariadna pueda avanzar. "Tenemos la suerte de podernos pagar un tratamiento en un centro privado que cuesta aproximadamente 300 euros al mes, que no es de los más caros, hay niños con necesidades más intensas en el tiempo que llegan a pagar 600 euros al mes y que no tienen plaza en la red pública", asegura Óscar.
La Comunidad de Madrid es incapaz de ofrecer los datos de espera media para que los pequeños consigan estas terapias. Las plazas, según una portavoz de la consejería de Políticas Sociales, se asignan dependiendo de las vacantes que haya en cada momento y siguiendo los criterios de priorización establecidos en el acuerdo marco. En los dos últimos años, explica esta portavoz, las plazas han crecido un 28% y el presupuesto se ha aumentado en casi 10 millones de euros. Por su parte, el Defensor del Pueblo ha pedido al gobierno madrileño recientemente que aumente los recursos para evitar la desatención de estos menores.
