Finaliza la instrucción del caso de Caslesa Telecomunicaciones
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid solicita 2 años y seis meses de prisión para los administradores de la empresa, Adolfo Madrid y Rosario Fernández, por un delito contra la Hacienda Pública

CADENA SER

Zamora
El juzgado número 4 de Zamora ha concluido la instrucción de las diligencias iniciadas hace casi 9 años, en 2009, por el caso de defraudación a Hacienda instruido contra los responsables de la empresa Caslesa Telecomunicaciones (Castel), Adolfo Madrid y su esposa Rosario Fernández, así como varios pequeños empresarios con los que habían hecho operaciones ficticias para minorar las cuotas del impuesto de sociedades que debían pagar en los años 2003 y 2004. La fiscalía ha calificado los hechos y, según ha conocido Radio Zamora, pide 2 años y medio de prisión para Adolfo Madrid y su esposa.
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El juzgado número 4 de Zamora ha propuesto la apertura de juicio oral de este caso, remitiendo las diligencias a las partes para que formulen el oportuno escrito de acusación o sobreseimiento, en su caso. Según ha conocido la Radio Zamora, la fiscalía solicita una condena de 2 años y 6 meses por un delito contra la Hacienda pública, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento mercantil, para los responsables de Caslesa Telecomunicaciones, Adolfo Madrid y Rosario Fernández. Igualmente reclama una multa del doble de los casi 900.000 euros defraudados en el impuesto de sociedades de los años 2003 y 2004, entre otras penas adicionales. La fiscalía también solicita una condena de 3 años de prisión para 6 de los pequeños empresarios que contribuyeron a la defraudación durante los dos años, por un delito continuado de falsedad documental. Y año y medio de prisión por el mismo delito para otros 2 empresarios que sólo participaron en la defraudación del año 2003. Además, la Fiscalía pide la indemnización a Hacienda de las cuantías defraudadas, más intereses.
El escrito de acusación de la fiscalía exculpa y sobresee la causa contra uno de los empresarios inicialmente imputados. En la larguísima instrucción de esta causa aparece, incluso, una querella contra la inspectora de Hacienda que instruyó el expediente tributario contra Caslesa Telecomunicaciones, y cuyo testimonio quiso eliminar la defensa en la fase de instrucción.
El origen del caso
Este caso arranca de una investigación iniciada en 2008 por la sección de delitos económicos de la fiscalía provincial de Madrid, por un posible delito contra la Hacienda Pública atribuido a la empresa “Caslesa Telecomunicaciones”, con domicilio social en Madrid, que imputaba a una decena de personas, entre ellos los administradores de “Caslesa Telecomunicaciones”, Adolfo Madrid y su esposa Rosario.
Básicamente, la investigación de la fiscalía provincial de Madrid, junto con la agencia tributaria, detectaron la existencia de ingresos no declarados y la deducción de facturaciones por operaciones inexistentes o simuladas, de los años 2003 y 2004, por parte de Caslesa Telecomunicaciones. La liquidación paralela de Hacienda estima que se habría dejado de ingresar, con ánimo defraudatorio, prácticamente 900.000 euros en el impuesto de sociedades de los 2 años.
El asunto parte de la realización de trabajos de movimientos de tierra y acopio de materiales, ajenos al objeto social de la empresa, para la construcción de centros comerciales de Erosmer Ibérica (Eroski) en Lugo, Noia y Torrelodones. Trabajos por los que habría percibido más de 3 millones de euros brutos entre 2003 y 2004. Al no ser ese su objeto social, la empresa habría justificado la subcontratación con transportistas, la mayoría de Zamora, acogidos al régimen de módulos (que no tienen obligación de presentar facturas). La investigación tributaria detectó incongruencias entre las facturas de Erosmer y las empresas subcontratadas. Los inspectores concluyeron que se dedujeron gastos por operaciones que no se realizaron, mediante facturas de empresas que no poseen la estructura necesaria para los servicios facturados. Según Hacienda, además, los transportistas no cobraron los cheques con los que Caslesa Telecomunicaciones justificó los pagos: La investigación fiscal dice que buena parte de los cheques fueron cobrados por los propios administradores de Caslesa Telecomunicaciones.




