Aplazado a octubre el juicio del caso Palmera

Las Palmas de Gran Canaria

El juicio del caso Palmera, por el que hoy se sentaban en el banquillo de los acusados el exalcalde de Santa Lucía de Tirajana, Silverio Matos, el exconcejal Antonio Ruiz, y los empresarios Antonio Sánchez y José Luis Alemán ha tenido que ser aplazado por la ausencia de la abogada de este último.

No será hasta el 22 de octubre, tal y como ha informado el presidente del Tribunal, el juez Miguel Ángel Parramón, cuando comience a aclararse si en un pleno municipal de 2005 se aprobó o no un convenio con tres empresas para la obtención de suelo público con el fin de optar a la asignación de potencia eólica en un concurso convocado por el Gobierno de Canarias.

Para Matos y Ruiz, la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación por prevaricación. Y además, la acusación popular ejercida por el exedil Rufino Pérez solicita para ellos seis años de cárcel por abuso en el ejercicio de las funciones públicas. Un cargo nuevo a los que se enfrentan ambos después de que se haya aceptado retirar el de cohecho. Mientras, para los dos empresarios se ha sustituido el cargo de tráfico de influencias por el de uso indebido del secreto de información. Por ello, la acusación popular les pide un año de prisión, prohibición de obtener ayudas públicas y multa.

El abogado de Pérez, Alexis Bethencourt, ha hecho hincapié "en el uso de la información privilegiada" por parte de los empresarios en un proceso "secreto" en el que iba a participar el Ayuntamiento de Santa Lucía. En declaraciones a los periodistas ha apuntado que el consistorio decidió así "saltarse la legalidad" del concurso eólico convocado por el Ejecutivo de Canarias hace 13 años. Ha puesto en valía, además, el papel de su representado contra el que se "querellaron los acusados cuando todo estaba bajo secreto de sumario". Y ha señalado directamente a la Administración como la culpable de que este caso se haya dilatado tanto en el tiempo, más aún cuando "solo para la peritación de los terrenos se tardaron cuatro años".

Por su parte, el abogado de Matos y Ruiz, José María Guerra, ha hecho hincapié en que la trama que se comenzará a juzgar dentro de nueve meses obedece a un error por parte de la Fiscalía, que no ha deparado en la documentación que acredita que "el Ayuntamiento no convocó un concurso publico para que los propietarios privados con parcelas colindantes pudieran concurrir". Ha asegurado que lo que ocurre es que" los únicos dueños de esos terrenos eran tres, que son los que firmaron los convenios".

En su opinión, los cambios que la acusación popular ha realizado en la clasificación de los cargos se deben a que ven que la causa, que ocupa 10.098 folios, se ha desinflado".

Será el 22 de octubre cuando se reanude el juicio que comenzará, como novedad, con la declaración de los testigos.