Interinos en la cuerda floja

Aranda de Duero

El empeño del sindicato UGT por anular la oferta de empleo público aprobada por el ayuntamiento de Aranda el pasado año alegando que es contraria a derecho puede costarle muy caro a 22 interinos municipales. Y es que entre las irregularidades que refleja el sindicato en su demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León apela al incumplimiento de incluir en dicha oferta las plazas desempeñadas por interinos convocadas por no ser posible su cobertura por funcionarios de carrera. Se da la circunstancia de que una vez que estas plazas se incluyan en la oferta deben salir a concurso público, un proceso al que los actuales ocupantes deberían presentarse en libre concurrencia con el resto de los opositores. Si, por el contrario, la convocatoria pública de las plazas no se formaliza en tres años, sus ocupantes interinos deberían abandonarlas. Se trata de un requisito relativamente reciente pero que afectaría a trabajadores que ocupan puestos de trabajo desde hace décadas. De hecho de los 22 afectados más de la mitad supera los 15 años de antigüedad, y cerca de media docena lleva entre 20 y casi 30 años como empleado del ayuntamiento. Entre estos interinos hay varios jefes de servicio y su trabajo afecta a sectores municipales tan sensibles como el económico, el de obras o el de la seguridad ciudadana.

La reunión de responsables municipales con los afectados para informarles de su situación se ha celebrado en las últimas horas porque desde este martes 23 de enero la demanda de UGT es firme.

Pero la inseguridad laboral en el colectivo de funcionarios interinos municipales no es la única consecuencia del proceso judicial iniciado, cuyo efecto más inmediato es la imposibilidad para el ayuntamiento de formalizar convocatorias de empleo ni mucho menos contratos de plazas de funcionario, pese a que la oferta ahora paralizada incluye varios puestos de trabajo sensibles para el funcionamiento municipal. Es el caso de los cuatro policías y tres bomberos, además de varias plazas de las áreas económica, jurídica, o de obras. En varios casos se trata vacantes por jubilación que no podrán ser repuestas. El nuevo aplazamiento en la contratación de funcionarios agrava la situación de servicios como el de obras que no cuenta con técnicos que puedan firmar determinados documentos, lo que incide en la acumulación de trabajo para otros empleados municipales de áreas como la administración general, los servicios jurídicos e incluso los económicos.

Dadas las características del proceso la decisión del tribunal podría tardar en producirse entre ocho y doce meses.