El 'Ugarteko' contra la libertad de expresión

Bilbao

El mando de la Ertzaintza responsable del operativo la noche en que Iñigo Cabacas recibió el impacto de una pelota de goma que le causó la muerte ha reprochado a la abogada de la familia del fallecido, a dos medios y a dos periodistas "por haber hecho un juicio paralelo a la causa penal" y les pide 250.000 euros de indemnización.

En el juicio por la demanda por la posible vulneración del derecho de honor y de intimidad de 'Ugarteko' tras la publicación de noticias y artículos de opinión que le señalaron como responsable de aquel operativo en el que resultó fatalmente herido Cabacas, la fiscal ha opinado que el derecho a la información prima en casi todas las informaciones objeto del litigio, salvo en dos por las que pide 13.000 euros en concepto de indemnización y de daños morales.

El Ministerio Público ha retirado la demanda contra uno de los periodistas y la letrada Jone Goirizelaia, al entender que en sus manifestaciones públicas contra 'Ugarteko' le ha amparado siempre su derecho al ejercicio profesional como letrada de la acusación particular en el procedimiento penal para esclarecer lo ocurrido la noche que falleció el joven y cuyo juicio aún no se ha celebrado.

La fiscal ha solicitado a la jueza que estime en parte la demanda pero ha limitado su petición de condena al diario Gara, al director de ese periódico, Iñaki Soto, y al medio digital Naiz, por el daño moral que pudieron causar al demandante por la publicación el 15 de abril de 2013 de la transcripción de las conversaciones entre los agentes que intervinieron en el operativo y donde se escucha a quien ahora demanda, así como por otra información del 10 de noviembre de ese año, donde se le identifica con nombre y apellidos.

"Las grabaciones no han sido manipuladas si fueron un montaje torticero que alegaba el demandante", sino que se publicaron en orden según ocurrieron por su valor periodístico" y de "indudable trascendencia pública", ha considerado.

Sin embargo, en las dos informaciones señaladas se pudo poner en peligro el derecho a la presunción de inocencia del demandante.

El letrado del demandante ha pedido que se condene a la abogada Jone Goirizelaia y a esos medios porque su cliente "ha sido víctima de un linchamiento mediático" en una secuencia de noticias que "gratuitamente" le han responsabilizado por el fatal suceso, a pesar de que un auto judicial dictaminó que no se podía establecer un nexo causal entre las órdenes que dio aquella noche y el fallecimiento del joven hincha del Athletic.

Los demandados han apelado al derecho de informar sobre un suceso de gran interés periodístico y social, y a la libertad de expresión en sus artículos sobre lo ocurrido el 12 de abril de 2012, cuando Cabacas resultó herido en unos incidentes en las proximidades del campo de San Mamés tras un partido del Athletic.

Al inicio del juicio se han reproducido las grabaciones de esa noche en las que se escuchaban las conversaciones por radio de los agentes en el lugar de los hechos con el mando de la Ertzaintza que dio orden de "desplegarse" para controlar la zona y reiteró la orden de "entrar con todo" en el callejón donde había centenares de personas para terminar con unos supuestos incidentes que habían ocurrido en aquel callejón del centro de Bilbao.

Gorizelaia ha asegurado que sigue manteniendo la necesidad de que el hoy demandante sea imputado en el proceso de penal, junto a otros seis ertzainas ya investigados por esos hechos, "para poder hacer justicia y esclarecer la verdad sobre la muerte de Cabacas".

"Dije que ' Ugarteko' ordenó cargar y lo sigo diciendo", ha sentenciado.

Ha negado que facilitara las grabaciones de las conversaciones a los medios demandados y los responsables de éstos han confirmado que no fue ella y que publicaron el nombre del mando policial después de que otro periódico diera su número de identificación profesional.

Los periodistas han argumentado su deber de informar de las conversaciones que aportaban luz al relato de los hechos y también entendieron su obligación de dar el nombre del 'Ugarteko' como funcionario de relevancia pública.

Han destacado que esas noticias fueron veraces y contrastadas, como se ha demostrado.

El demandante solicitó en su escrito inicial 250.000 euros por daños morales y como indemnización por el tiempo que estuvo de baja por depresión tras hacerse público su nombre en relación a ese suceso, si bien hoy ante la jueza ha asegurado que no dejó de ir a trabajar a pesar de estar en tratamiento psicológico y psiquiátrico durante un año.

La psicóloga y el psiquiatra que le trataron han indicado que sufrió un trastorno adaptativo por un evento de su vida que le había causado estrés, si bien era una patología "leve" que no le impedía hacer vida normalizada, ya que el mismo demandante ha reconocido que solía hacer buceo y que acudía al ' + Char(39) + 'txoko' + Char(39) + ' con los amigos con frecuencia en ese tiempo.

Ambos especialistas han dicho que cuando le dieron el alta "estaba asintomático" y sin secuelas aparentes, como el miedo a los espacios abiertos con aglomeraciones, como ha dicho esta mañana en el juicio.

Para justificar el montante de la indemnización, 'Ugarteko' ha argumentado que su carrera profesional se frustró tras hacerle público su nombre y ser relegado a otro puesto con menor responsabilidad, si bien la Fiscalía y las defensas han coincidido, sobre informes de la dirección de Recursos Humanos del departamento de Seguridad, que este oficial no vio limitada su carrera y que incluso en estos años ha incrementado su salario