Viernes, 03 de Diciembre de 2021

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El juicio del Caso Facturas queda visto para sentencia

El tribunal estudia las posibles responsabilidades de 18 acusados en delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental

Fachada de la Diputaciín provincial de Almería.

Fachada de la Diputaciín provincial de Almería. / Agencias

El juicio oral del denominado Caso Facturas afronta este lunes su última sesión, según el calendario previsto por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería. Las defensas de ocho acusados tendrán su turno de informes para exponer las conclusiones y dejarán paso a la última palabra de los procesados. El tribunal estudia las posibles responsabilidades de 18 acusados en delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental en una facturación falsa en el Patronato Provincial de Turismo, órgano de la Diputación de Almería, entre los años 2007 y 2011, periodo de gobierno socialista.

El fiscal José María López Cervilla ha retirado la acusación contra dos pequeños proveedores y ha solicitado penas menores a los empresarios que decidieron colaborar durante el juicio ofreciendo detalles de la supuesta facturación fraudulenta de viajes, comidas o servicios turísticos. La mayoría de las peticiones son inferiores a los dos años, suficientes para eludir a priori el paso por la cárcel.

Principales acusados

Peor suerte corren los principales señalados en la investigación. Teresa González, secretaria del Patronato de Turismo, se enfrenta a una petición de 9 años y 10 meses de prisión por un supuesto desfalco de 696.292,99 euros (100.000 euros menos que en el escrito inicial). Durante el juicio negó irregularidades, aseguró que su firma fue falsificada y señaló a los cargos políticos como responsables de la validación de las facturas. Luis Pérez Montoya, ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, afronta una petición fiscal de 7 años y 9 meses de cárcel por un presunto desfalco de 690.821,07 euros (cantidad también modificada). En el juicio se declaró inocente, alegó que firmaba solo las facturas que tenían los informes técnicos de la propia secretaria y de la Intervención. Negó lucro personal y solo reconoció un viaje de su mujer que no fue abonado.

Y finalmente, Joaquín Conde tendrá que defenderse de una petición de 7 años y 6 meses de prisión y el pago de 509.606,84 euros. Durante el juicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería aseguró que todos los servicios facturados por su empresa se prestaron, con la salvedad de dos stands en dos ferias por un importe total de 40.000 euros. Según el escrito del fiscal José María López Cervilla, “aproximadamente a finales del mes de septiembre de 2007 el acusado Luis Pérez Montoya y la acusada Teresa González acordaron un plan para apropiarse de fondos públicos del Patronato y quedárselos para sí o destinarlos a gastos particulares ajenos a la función pública de sí mismos o de otras personas”. “Para ello, se concertaron con empresarios que contrataban con el Patronato para el suministro de bienes y servicios”, añade el fiscal.

“En múltiples ocasiones, Luis Pérez Montoya dictó resoluciones, previo informe favorable de Teresa González, acordando la contratación de bienes o servicios con conocimiento de que no se iban a prestar pero sí pagar por el Patronato”, ahonda. El juicio comenzó el pasado mes de diciembre. La acusación particular desarrollada por la propia Diputación de Almería se adhiere a las peticiones del fiscal, salvo en las cantidades económicas, que cree mayores.

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