La aldea del Calabacino, a la espera de conocer su encaje legal
Los vecinos han elevado a Medio Ambiente a través del Ayuntamiento de Alajar la posibildiad de que el PGOU incluya su entorno como hábital rural diseminado
Cadena Ser
Huelva
Los vecinos de la aldea del Calabacino, una ecoaldea ubicada en el entorno del parque natural de la sierra de Aracena y Picos de Aroche, están a la espera de ver si se atiende la petición que han elevado a la delegación territorial de Medio Ambiente en Huelva, a través del Ayuntamiento de Alájar, para que el PGOU (plan general de ordenación urbana), ahora en proceso de modificación, contemple la figura de hábital rural diseminado para sus viviendas, ahora cuestionadas por la justicia.
La ecoaldea forma parte de la Red Ibérica de Ecoaldeas. En ella residen unos 115 vecinos desde finales de los años 70, que se instalaron en lo que era un poblado abandonado a raíz de la emigración rural. Desde entonces desarrollan una vida en armonía con la naturaleza, apostando por los productos artesanales y las energías renovables.
Pero los vecinos se han topado a principios del pasado año con con el peso de la justicia. En 2017 la dirección del parque abrió varios expedientes porque las viviendas no se ajustan a la normativa del parque. Y la fiscalía ha actuado de oficio. Hay una familia que ya espera juicio y con penas de cárcel.
El pasado viernes 19 de enero se produjo un encuentro entre el delegado territorial de Medio Ambiente, José Antonio Cortés y los vecinos. Un encuentro en el que el delegado les trasladó que, al margen de lo judicial, se trabajará para ver si hay alguna posibildiad de encaje legal en las normativas urbanísticas en curso o la nueva ley de urbanismo sostenible, cuyo anteproyecto se presentó recientemente.
Los vecinos siguen, por tanto, a la espera de que se produzca la reunión entre los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Aljájar para ver si puede haber de encaje legal a la situación de las viviendas. Además de la familia en espera de juicio, hay cinco expedientes más en los que se imputan delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente. Y 20 expedientes abiertos aún por determinar los cargos. Consideran que las acusaciones son desproporcionadas porque van acompañadas de delitos de cárcel, como remarca Cecilia Rodríguez, presidenta de la asociación de los vecinos.
Los vecinos han puesto el tema judicial en manos de un letrado y confían en que la ley esté de su parte.
