Por un puñado de euros
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La alcaldesa de San Esteban de Gormaz, María Luisa Aguilera, podría echar marcha atrás en su decisión de salirse del consorcio de Ribera del Duero, que abarca parte de cuatro provincias: Burgos, Segovia, Soria y Valladolid. Engloba a cinco asociaciones, el Consejo Regulador y más de 50 municipios que albergan bodegas, restaurantes, alojamientos, enotecas y comercios especializados, agencias de viajes, spas, bares de vinos, además de museos y centros de interpretación. La Ribera del Duero se extiende por una franja de 115 kilómetros de este a oeste y cuenta con 21.000 hectáreas de viñedo plantado, con las que se embotellan cada año 50 millones de litros de vino.
Aguilera, cuyo ayuntamiento paga una cuota anual de 6.500 euros, asegura que no recibe beneficio alguno por pertenecer a dicho organismo, y esa es la razón fundamental por la que su grupo votó en el último pleno a favor de la salida de este consorcio.
El problema de esta decisión es que ya hay un largo camino recorrido en inversiones, subvenciones, señales, indicaciones, promociones... ¿Realmente merece la pena retirarse de este consorcio a estas alturas de la película? Precisamente en un momento en el que parece que el turismo en la provincia está incrementándose de manera sustancial. Estamos hablando de una de las denominaciones de origen más importantes en el mundo del vino. Aunque la alcaldesa pueda pensar que no recibe ninguna recompensa, una retirada sería un paso atrás por 6.500 euros al año. No tiene sentido marcharse.




