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Instituciones penitenciarias

Los funcionarios del Centro Penitenciario de Perogordo reclaman la cobertura de las vacantes

En la actualidad exiten 47 vacantes en la prisión segoviana y en los proximos años la cifra puede aumentar con las jubilaciones y los pasos a segunda actividad de algunos de los funcionarios ahora en activo

La población reclusa también se ha reducido y eso contribuye a una mejora de la convivencia interna / Radio Segovia

Segovia

Los funcionarios de prisiones preparan ya la manifestación convocada para el próximo 24 de febrero con la que reclamarán al Gobierno un interlocutor con el que negociar mejoras en el desarrollo de la labor de estos profesionales públicos. En el caso de la prisión de Perogordo, en la actualidad una de las principales demandas es el incremento de la plantilla cubriendo las 47 vacantes que en la actualidad existen y que representan un 15,4 por ciento del total de la plantilla definida por Instituciones Penitenciarias para el centro segoviano.

Desde el sindicato de prisiones ACAIP, su representante en Segovia, Javier Albertos, insiste en que la administración no tiene en cuenta las jubilaciones ni pasos a segunda actividad de varios de los actuales funcionarios en activo en los próximos años. Esta situación hace que el desarrollo del trabajo del personal de prisiones sea cada vez más complicado.

A pesar de esa carencia de personal, la reducción de la población reclusa en la prisión de Perogordo ha permitido una mejora en la convivencia dentro del centro donde actualmente hay alrededor de 400 internos, una cifra que aún es superior a la planteada para la cárcel segoviana y que mantiene todavía bajas las ratios de funcionarios por número de reclusos como señala Javier Albertos.

En declaraciones al programa “A vivir Segovia”, Albertos también ha lamentado que el Gobierno no les atienda como hace con otros colectivos de empleados públicos, como los policías y los guardias civiles. Con la manifestación del día 24 en Madrid pretenden forzar la creación de una mesa de negociación en la que plantear, además, cuestiones como la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad o incrementos salariales que permita a este colectivo recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.

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