Varapalo de la Sindicatura de Comptes al Ayuntamiento de Valencia
En su informe el Síndic le afea, entre otras cosas, el fraccionamiento de contratos y la externalización de servicios. El gobierno local se defiende afirmando que cumplen en todo momento la ley. El PP amenaza con los tribunales
Fachada principal del Ayuntamiento de València / GETTY IMAGES
Valencia
La sindicatura de Comptes ha publicado hoy el informe de fiscalización de la gestión municipal correspondiente a 2015 del que se desprenden algunos fallos en el día a día municipal, además de contrataciones fraccionadas y sin cobertura legal. Además recomienda ser más escrupuloso con la ejecución de las inversiones.
En ese informe se señala que el Consistorio de Valencia tenia sobrevalorado el remanente de tesorería en algo mas de 23 millones de euros, porque no había calculado el saldo de dudoso cobro. Además, según el informe, el saldo de tesorería estaba infravalorado en 224.00 euros porque no se incluyeron tres cuentas de recaudación y hubo otros errores bancarios.
Respecto a 2016, año de gestión íntegramente del Govern de la Nau, el informe indica que el Consistorio realizó gastos prescindiendo del procedimiento legal establecido, y ha adquirido compromisos de gasto por una cuantía superior al importe de los créditos autorizados, lo que determina la nulidad de pleno derecho.
Contratos dudosos
En la fiscalización de la contratación el informe detecta que en diversos casos los contratistas han realizado prestaciones de servicio sin contrato o con prorrogas formalizadas sin cobertura legal y en un expediente se incumplió el plazo de ejecución del contrato sin que el consistorio lo resolviera o penalizara al contratista.
También destaca que en los ejercicios 2015 y 2016 el consistorio ha fraccionado varios contratos que debían haberse agrupado y adjudicado con procedimiento restringido o con procedimiento negociado para garantizar la libertad de acceso y la transparencia de los procedimientos. También se destaca que se han externalizado algunos servicios que debía prestar el propio Consistorio.
Recomendaciones
La sindicatura afirma que se ha de remitir de manera regular al Pleno información sobre la ejecución de los presupuestos, y del movimiento de tesoreria. También pode al consistorio que haga de manera adecuada los presupuestos,
Y junto a esto, que limite la aprobación de expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos porque no es una tecnica presupuestaria adecuada y podrian determinar la exigencia de responsabilidades
Respuesta municipal
En el gobierno local aclaran que los cálculos contables los realizan siguiendo las instrucciones del Ministerio de Hacienda. En ese sentido aseguran que si la sindicatura cree que no están bien, lo traslade al Ministerio para que lo cambie.
Respecto al saldo de dudoso cobro, fuentes municipales explican a la SER que la mayoría corresponde a deudas de otras administraciones contraídas con el Ayuntamiento que están convencidos que saldarán. Aseguran que en caso de no confiar en el pago no hubiesen provisto ese dinero en la contabilidad municipal.
En cuanto a la contratación, fuentes municipales explican que el Ayuntamiento está adaptándose a la nueva legislación en esta materia que entrará en vigor a partir del mes de marzo. Recuerdan que todos los contratos cumplen con los requisitos legales y, en su caso, con la fiscalización de Intervención municipal.
Así lo indica la propia sindicatura, dicen en el gobierno local, cuando expresa que “los procedimientos desarrollados por el Ayuntamiento durante los ejercicios 2015 y 2016 resultan conformes con la normativa aplicable en todos los aspectos significativos”. Asimismo se estudiarán aquellos casos singulares a los que la Sindicatura presta especial atención y atenderá las sugerencias le hace.
El PP amenaza con medidas judiciales
Al Partido Popular no le convence estas explicaciones. Aseguran que el informe de la Sindicatura pone en evidencia que la gestión de Joan Ribó y sus ediles presenta innumerables irregularidades administrativas y legales, por lo que en el anuncian que van a estudiar llevar adelante acciones judiciales para que se depuren posibles responsabilidades.
