El Supremo confirma las penas del "Caso Uniformes"
Se trata de la segunda sentencia firme contra la ex alcladesa del PP Eva Corrales

Eva Corrales (PP) y Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos) / Andalucía Información

Cádiz
El Tribunal Supremo ha desestimado los recursos presentados contra la sentencia de la Audiencia de Cádiz que condenó en diciembre de 2016 a 8 de los veinte acusados por el Caso Uniformes, entre ellos los exalcaldes de Rota Lorenzo Sánchez (Roteños Unidos) y Eva Corrales (PP).
El Caso Uniformes, analizó la adjudicación de contratos municipales en favor de un entramado empresarial creado Sanchez y personas de su entorno “con objeto de obtener beneficios económicos ilícitos con cargo a las arcas municipales”. Según la investigación de la Audiencia, la cantidad de dinero público desviada a contratos ilegales sumó unos 800.000 euros.
Al exalcalde Lorenzo Sánchez ha sido condenado a un año y medio de cárcel y 13 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y al considerado "su mano derecha", el exconcejal de RRUU Montemayor Laynez, a la misma pena como autores de un delito continuado de prevaricación y de un delito continuado de negociaciones prohibidas.
La sentencia también condenó a siete años de inhabilitación a la exalcaldesa popular Eva Corrales al reconocer un delito de prevaricación. Sin embargo, Corrales fue absuelta del delito de negociaciones prohibidas, que también se le imputaba.
La sentencia del Supremo, de 58 folios, considera justificadas las argumentaciones de la audiencia de Cádiz y resuelve “desestimar los recursos de casación” e impone a los acusados las costas del proceso.
Una vez conocida la sentencia, el partido denunciante del caso, el PSOE de Rota, ha pedido a los acusados, y a los partidos a los que han pertenecido, que pidan perdón públicamente. Daniel Manrique concejal del PSOE de Rota
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manrique reclama que pp pida perdón
La sentencia del Caso Uniformes se suma a otra, también firme, contra Eva Corrales por el Caso Horas Extras por un delito de falsedad en documento oficial y otro continuado de prevaricación administrativa




