El juzgado da la razón al Ayuntamiento por la consulta para la elección de los pedáneos

Elche

El juzgado de lo contencioso-administrativo de Elche ha dado la razón al Ayuntamiento en el proceso seguido en el año 2015 para nombrar a los alcaldes pedáneos. Desestima así el recurso interpuesto por la Subdelegación del Gobierno en Alicante.

En la sentencia se aclara que la consulta de participación democrática realizada por el alcalde para que los vecinos eligiesen su representante pedáneo, "no se puede plantear como una extralimitación de competencias". Aclara que "es a esta autoridad a quien corresponde nombrar y remover a discreción a los alcaldes pedáneos".

El fallo judicial condena al pago de las costas a la parte demandante. Sin embargo, todavía no se trata de una sentencia en firme porque todavía cabe recurso de apelación. Aun así, la concejala de Relaciones Institucionales, Mireia Mollà, ha pedido a la Subdelegación del Gobierno que no gaste recursos públicos en lo que considera una vendetta del Partido Popular "que no quiere que los vecinos y vecinas puedan elegir de forma libre a sus pedáneos".

Mollà recuerda que, en su momento, el actual portavoz adjunto del Partido Popular, Vicente Granero, tachó el proceso de "chapuza y simulacro". Asegura que la Subdelegación del Gobierno "actuó como brazo armado del PP intentando paralizarlo y después de no haberlo conseguido fue a los juzgados para intentar anular el decreto de nombramiento".

La concejala exige a los populares que pidan disculpas a los vecinos y vecinas de las pedanías. Apunta que el trasfondo es que "el PP no quiere que se elija a los pedáneos haciendo una consulta previa". Mollà concluye asegurando que pretendían que este ejercicio de participación social cayese en saco roto como los Presupuestos Participativos.

El pasado cinco de noviembre, la Subdelegación del Gobierno solicitó anular el decreto del 15 de septiembre de 2015 por el que se convocaron elecciones a pedáneos y que se celebraron, posteriormente, el 7 de noviembre. Alegaban que la convocatoria no se ajustaba a derecho y que infringía preceptos legales.

Aun así, el Ayuntamiento continuó con el proceso participativo al considerar que cumplían con la ley. Mollà insiste en que se trataba de un compromiso del actual gobierno con las pedanías que cumplía con todas las garantías y apoyo legal, que "es lo que ahora ha resuelto el juez". Por su parte, la portavoz del gobierno, Patricia Macià, ha sentenciado que "queda más que claro que el Ayuntamiento actuó conforme a la legalidad".