Delgado: "La decisión de comprar el Rocamar fue de Armengol y Oliver"

PALMA

El exconseller de Turismo Carlos Delgado ha asegurado hoy, después de prestar declaración como investigado en la instrucción por presuntas irregularidades en la compra del hotel Rocamar del Port de Sóller, que "la decisión de comprar el Rocamar fue de Francina Armengol y Bel Oliver".

Tras prestar declaración durante una hora y media ante el juez de Instrucción número 1, Juan Manuel Sobrino, Delgado ha asegurado que "la decisión de comprar el Rocamar se adoptó por el gobierno anterior".

Ha precisado que el consorcio, cuando lo presidía como consellera de Turismo Joana Barceló, propuso comprar el establecimiento, una propuesta de la entonces consellera insular Bel Oliver, que había encargado tres tasaciones mediante contratos menores. Ha añadido que "el pacte había dicho que iban a gastar un mínimo de un millón de euros".

"La decisión fue del Consell insular del PSOE, nosotros heredamos el procedimiento y lo continuamos", ha afirmado Delgado al salir del juzgado y ha recalcado que "no ha habido ningún tipo de irregularidad" en esa operación.

En esta causa se investiga si pudo haber sobreprecio en la compra del antiguo hotel Rocamar por unos 970.000 euros y posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la administración y malversación.

Según Delgado, cuando se produjo el cambio de gobierno en 2011, en la primera reunión de la junta rectora del Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos, los funcionarios les informaron de los proyectos en marcha, uno de los cuales era la propuesta de comprar el Rocamar, planteada por parte del Consell de Mallorca que presidía Armengol, y se decidió continuar con el proyecto.

El exconseller ha recalcado que esas decisiones del ejecutivo anterior están reflejadas en las actas del consorcio de enero, abril y junio de 2011.

La valoraciones que estaban disponibles eran una realizada por Tinsa que tasaba el hotel en 4,5 millones, otra de la Sociedad de Tasación en 1,5 millones y otra de González Nebreda que daba dos supuestos: uno de 975.000 euros si no había declaración de ruina y otro de 298.000 si la había, ha detallado.

Según Delgado, la junta rectora del consorcio acordó por unanimidad que los funcionarios realizaran un informe para decidir entre las tasaciones. Tres jefes de servicio optaron por la tasación más baja, en su cuantía elevada.

"Por unanimidad acordamos hacer lo que decían los funcionarios y eso es todo lo que ha pasado", ha dicho Delgado. "Volvería a hacer exactamente lo mismo", ha agregado el exconseller que ha defendido la honradez de los funcionarios y ha indicado que ninguno de los miembros de la junta rectora estaba capacitado para contradecir esa decisión.

En cuanto al hecho de que el coste de la compra supusiera que el Govern pagaba la demolición del edificio, Delgado ha explicado que los técnicos indicaron que no había declaración de ruina y por tanto no existía obligación por parte del propietario de demoler. "Nosotros estamos obligados a hacer lo que dicen los funcionarios", ha insistido.

Sobre el préstamo que debía el propietario del hotel a la familia de un funcionario, Delgado ha dicho: "No teníamos conocimiento absolutamente para nada". El exconseller considera que eso "no vicia" la propuesta realizada por el anterior gobierno, ni las tasaciones "ni las valoraciones de unos honorables funcionarios que no tienen nada que ver con ese señor que no participó para nada".

Ha insistido en que la junta rectora continuó con un proyecto del gobierno anterior, ha negado que la operación fuera opaca y ha dicho que "la información se ponía siempre sobre la mesa"