Canarias exige al Estado que permita a los municipios gastar su superavit
Los ayuntamientos isleños se suman a la reivindicación de la Federación Española de Municipios y Provincias que lanzó un ultimátum a Montoro para que dé una respuesta hoy mismo a su demanda. La FECAM apoya la medida que también es respaldada por el Gobierno de Canarias y cabildos
Las Palmas de Gran Canaria
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó en su última reunión un ultimátum al Gobierno; o se compromete a liberar los 7.000 millones de euros que acumulan los ayuntamientos en los bancos de superavit o convocarán movilizaciones en todo el país. Una reinvidicación respaldada por el presidente de la Federación Canaria de Municipios (FECAM), Manuel Ramón Plasencia, quien subrayó la asfixia que padecen algunos consistorios para cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. Recuerda que cuando se originó la crisis los ayuntamientos tuvieron que "apretarse el cinturón" pero sólo se le exigió que cumpliera la ley del techo de gasto a los municipios "mientras tenemos problemas para atender las necesidades de nuestros municipio". ya es hora de que el municipalismo se movilice porque hemos cumplido con la ley y es hora de que se nos escuche", subrayó aunque consideró que hay que agotar las vías de negociación con el Estado para llegar a un acuerdo.
Las demandas de los municipios cuentan con el respaldo del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, porque entiende que "no tiene sentido que los ayuntamientos puedan afrontar infraestructuras o servicios básicos teniendo el dinero de los bancos".
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, apoya también la posición de la FEMP, en la que también están integradas las corporaciones locales, porque consdiera que "es una medida abslutamente injusta y arbitraria, que esconde el déficit del Estado a través de los recursos de las administraciones locales". Un superavit que recordó se eleva en el conjunto de las administraciones afectadas (diputaciones, municipios y cabildos) a 25.000 millones de euros.
