Sobre la guerra de cifras
Santa Cruz de Tenerife
Antonio Morales ha destapado de nuevo la guerra de cifras: la Consejería de Hacienda ha decidido poner las suyas en barbecho, y ha contestado a las denuncias de desequilibrio inversor asegurando que el Gobierno regional gastó en Gran Canaria 84 millones de euros más que en Tenerife entre 2001 y 2016 (31.574 millones en Gran Canaria frente a 3.490 en Tenerife), cifra que –al decir de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, demuestra que los distintos Gobiernos regionales han actuado movidos por una exquisita voluntad de equilibrio, con diferencias que apenas rondan el 2,4 % en 1los últimos 6 años. Dávila asegura que las cifras de la Intervención de la comunidad autónoma descalifican el informe de la sociedad de promoción económica de Gran canaria y rebaten con “datos oficiales” el informe de Morales que denuncia una diferencia (en materia de inversiones, no de gasto) de 321 millones a favor de Tenerife entre los años de 2001 y 2018.
A la guerra de cifras y de papeles le siguen las declaraciones políticas: Dávila asegura que el informe del Cabildo grancanario “retuerce la realidad para acomodarla a sus intereses” y “tiene una clara intencionalidad política”. Por supuesto que la tiene. Todo lo que vamos a escuchar en estos días tiene intencionalidad política. Y además es muy difícil saber dónde está la verdad: Morales habla de inversiones, Dávila de gasto, son magnitudes distintas, aunque en el fondo el debate sobre el desequilibrio tiene poco que ver con la realidad de gasto e inversiones en las dos islas capitalinas. Tiene mucho más que ver con la percepción, muy extendidas en la sociedad grancanaria, de que el liderazgo político y económico de esa región está desde hace años en m/anos de Tenerife. Concretamente, desde que Paulino Rivero se convirtió en presidente del Gobierno regional, sucediendo al también tinerfeño Adán Martín y quebrando el viejo principio de alternancia política que había funcionado en las islas desde el inicio de la autonomía. Fue esa ruptura del consenso por la alternancia la que precipitó el cuestionamiento público de la triple paridad y rompió unas reglas del juego imperfectas, pero que habían permitido una cierta percepción de equilibrio y paridad entre las élites políticas y empresariales de Gran Canaria y Tenerife.
