La transparencia tiene un precio

Aranda de Duero

La corporación arandina aprobaba este jueves en el pleno ordinario de febrero dos herramientas dirigidas a mejorar la gestión y los cauces de comunicación con el ciudadano y la democracia local. El primero de ellos es el Código de Buen Gobierno, que se deriva de un documento marco aprobado hace varios años por la Federación Española de Municipios y Provincias como respuesta a “un contexto en el que la ciudadanía manifiesta un alto grado de desconfianza respecto de la política, las instituciones y los responsables públicos”. En sus primeras disposiciones, este manifiesto dice que “las entidades locales deben redoblar esfuerzos por restablecer el valor de la política local y recuperar la confianza de la ciudadanía mediante una intensificación y exteriorización efectiva de los valores públicos, de los estándares de conducta y de la actitud ética de los cargos públicos y de los directivos locales”.

A pesar de que este código se aprobó por unanimidad, no faltó el debate donde la voz más crítica la puso el portavoz de Renovación Arandina Progresista, que lamenta que para lavar la imagen de los políticos se ponga en el punto de mira a los ayuntamientos, cuando la mayor parte y los casos más graves de corrupción se producen en otras administraciones sobre las que se ejerce menos control. “Empiezo a estar harto de que las entidades locales sean el tonto que paga el pato, porque al final parece que los peores políticos que hay en este país son los que forman parte de ellas, cuando resulta que las que lo llevan crudo no tienen ningún código, ninguna normativa que cumplir y aquí no pasa nada”, manifestó Eusebio Martín en su primer turno de intervención.

La otra herramienta que se aprobó en sintonía con esta misma línea es la Ordenanza de Transparencia. Se trata de una normativa que, entre otras cosas, implicará la puesta al día de la sede electrónica que tiene el ayuntamiento como vía de comunicación con el ciudadano. En este sentido, la concejal de Ciudadanos, Elia Salinero, criticó que la ordenanza se apruebe sin tener los deberes hechos en este y otros aspectos.

El concejal de Régimen Interior, Emilio Berzosa, niega que el Ayuntamiento se vaya a pillar los dedos en este sentido, puesto que la propia ordenanza le da un margen de seis meses para adecuar su estructura organizativa de cara a su ejecución. Eso sí, tendrá que hacer una inversión de 100.000 euros para dotarse del programa informático necesario.