Aluvión de recursos contra las subvenciones del IRPF de la Comunidad
Las entidades cuestionan las valoraciones realizadas por la empresa TRAGSA, a la que la Comunidad de Madrid encargó parte del proceso, y las decisiones que posteriormente tomó la Consejería de Políticas Sociales. Ya han presentado más de cien recursos contenciosos administrativos y están terminando de redactar otros cincuenta. Las onegés afectadas se han unido en una nueva coordinadora del tercer sector
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aet.es
La portavoz de la coordinadora, Valle Garrido, explica que uno de los problemas fundamentales ha sido la diferencia de criterios de la Direcciones de Área que recibían los expedientes a la hora de valorarlos. Un gran número de las onegés se quedaron sin subvención porque al rellenar el formulario, que era bastante confuso, marcaron con una equis el punto 4.2, cuando seguían leyendo se daban cuenta de que era un error, retrocedían para desmarcarlo pero el sistema no les dejaba.
"Esto, que no es más que un error administrativo", dice Valle Garrido, "se convirtió en un desastre cuando el informe llegó a las Direcciones de Área que son las que, finalmente, dan el visto bueno a las subvenciones. Si tenías suerte, quien revisaba tu expediente se daba cuenta de que era un error y seguía leyendo la memoria hasta el final y valoraban el proyecto. Si no la tenías, como nos ha pasado a muchas, tan pronto veían que tenías marcada esa casilla, metían tu informe en un cajón"
Esta situación tampoco se hubiera dado si la convocatoria hubiera tenido una resolución provisional. Las entidades podrían haber presentado alegaciones, aclarado errores o entregar más documentación, pero "no nos han dado esa posibilidad que, por cierto, está reconocida por ley".
El pasado martes el Consejo de Gobierno aprobó un crédito de diez millones de euros para financiar los proyectos de aquellas entidades que quedaron fuera del proceso pero que sí recibieron subvención en 2016. "Iban a ser subvenciones nominativas, al menos eso anunció el Consejero Izquierdo, pero finalmente son restrictivas y vamos a tener que esperar, de nuevo, un montón de tiempo para recibir el dinero."
Son muchas las pequeñas entidades que se han quedado sin subvención. Se presentaron más de 1.200, recibieron ayudas 352, y se siguen multiplicando los recursos contra el proceso. En esta nueva convocatoria la administración puede tardar en resolver hasta tres meses una vez que la onegé presente todos los documentos. Si pasado ese tiempo no responde, se considera silencio administrativo.
Las entidades necesitan equilibrio, dice Garrido: "ya están cerrando, por falta de dinero, desde casas de acogida, comedores sociales o asociaciones de alzhéimer.
