La justicia gallega comienza su tercera semana de huelga sin visos de solución
No hay fecha para una nueva reunión entre Xunta y sindicatos

Funcionarios de justicia gallegos durante la manifestación en Santiago. / Lavandeira Jr. (EFE)

Vigo
Los juzgados gallegos empezarán este lunes una tercera semana en servicios mínimos, a raíz de la huelga indefinida de funcionarios del sector judicial de la comunidad que empezó el pasado 7 de febrero. Lo harán con el conflicto más enquistado que nunca y con la incógnita de si Xunta y sindicatos vuelven a sentarse.
Tras millares de juicios y procedimientos jurídicos suspendidos, con los juzgados y los registros civiles paralizados, distintos colectivos del sector (jueces, abogados y procuradores, entre ellos) urgen que el comité de huelga (en el que están representados los siete sindicatos del sector) y la Xunta retomen el diálogo.
Sin embargo, las posturas de las partes están lejos de acercarse. Este sábado, en Santiago, los sindicatos convocaron una manifestación a la que acudieron unas 2.000 personas (el colectivo de funcionarios suma unas 2.700 en la comunidad) y el mensaje fue claro: "resistencia".
La Xunta, a través del propio vicepresidente, Alfonso Rueda, ha replicado a los sindicatos que son ellos los que se levantaron y los ha llamado a volver a negociar, al tiempo que ha advertido que los ciudadanos son "los rehenes" de la huelga.
La administración autonómica no parece dispuesta a ceder a sus pretensiones y afirma que su última propuesta sigue sobre la mesa. En ella, Rueda ha defendido que se accede "a lo que querían los sindicatos" en las demandas relativas a consolidación de empleo, amortización de plazas y sustitución de compañeros de rango superior.
Enfrente, los sindicatos discrepan de que haya acuerdo en los puntos que señala la Xunta, a la que acusan de "manipular tablas y nóminas", y reivindican una subida lineal de 225 euros al mes a aplicar en tres anualidades desde este año 2018 y para todos los cuerpos. El gobierno autonómico sostiene que, la subida de "2.700 euros al año" por trabajador que supondría es "inasumible" para las arcas públicas.




