Economia y negocios
Banco de Valencia

La Fiscalía pide 4 años de prisión para exdirectivos Banco Valencia por la compra de piscifactorías

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas de hasta cuatro años de prisión para tres exdirectivos de Banco de Valencia a los que atribuye un delito continuado de administración fraudulenta o desleal contra el banco por unas operaciones para ampliar los negocios de piscifactorías que causaron un perjuicio a la entidad de más de 29 millones de euros

Fachada de la sede principal de Banco de Valencia, ahora Caixabank / Cadena SER

Madrid

En el escrito de acusación, el fiscal José Miguel Alonso Carbajo pide la pena más elevada para el exconsejero delegado y director general del banco en el momento de los hechos, el año 2007, Domingo Parra, mientras que para el exdirector de auditoría interna Carlos Zafrilla y el ex responsable de participadas Celestino Aznar solicita tres años de prisión.

Respecto a la responsabilidad civil, pide que los tres indemnicen solidariamente a Caixabank como sucesora de Banco de Valencia con 29,1 millones de euros, cantidad que en caso de renuncia pasaría al FROB.

La entidad valenciana fue intervenida por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaB

El fiscal explica que “como consecuencia de una decisión previa contraria a cualquier criterio de racionalidad económica, entendida ésta en el sentido de aparecer encaminada a favorecer los fines legalmente atribuidos a la institución financiera BANCO DE VALENCIA (BdV), los acusados se pusieron de acuerdo para analizar los planteamientos de Antonio Asunción Hernández, ex Ministro de Interior desde noviembre de 1993 a mayo de 1994, y de su socio, Társilo Piles Güaita, ex concejal del Ayuntamiento de Valencia, referidos a una pretendida expansión de sus negocios de piscifactorías que detentaban a través de varias sociedades, y que se debía traducir en la aportación de fondos mediante la participación en tales negocios del BdV a través de la adquisición de un porcentaje”.

Según el ministerio público, los acusados “guiados, por tanto, del objetivo de inyectar fondos en la nueva sociedad de explotación de peces que se iba a constituir por los vendedores a partir de la fusión de las existentes, procedieron los acusados a articular los pasos necesarios que revistieran de legalidad la decisión de entrar a todo trance en el accionariado de aquélla”.

Es decir, “a pesar de ser plenamente conscientes los acusados de que, en definitiva, los estados que había podido reconstruir no representaban la realidad económica, financiera o patrimonial del grupo Mare Mar, plantearon la operación de inversión con un pago de la mitad de ésta (3.000.000€) directamente, no a la sociedad en cuestión, sino a sus socios, y para la compra de un porcentaje en un negocio que no había producido beneficio alguno desde su inicio y en el que tales socios habían invertido no más de 1.040.000€ -sin descartar que esta cantidad correspondiese total o parcialmente a alguna subvención”.

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