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El puerto de la discordia

Las protestas de ecologistas y ciudadanos han dilatado las obras del Puerto de Granadilla más de 17 años

Cabeceras de una de las múltiples manifestaciones contra el puerto de Granadilla de Abona. / CADENA SER

Santa Cruz de Tenerife

El puerto industrial de Granadilla de Abona es una de las infraestructuras que más reticencias ha suscitado entre los ecologistas en la última década, junto con las protestas contra el tendido eléctrico de Vilaflor y las prospecciones petrolíferas. Precisamente, a raíz de las manifestaciones y actuaciones judiciales emprendidas por la Plataforma contra la citada infraestructura, las obras se han dilatado más de 17 años.

El puerto, que ya ha entrado en funcionamiento, no es un proyecto nuevo (ya estaba recogido en el Plan Insular de Ordenación de 1973). Sin embargo, la actual infraestructura portuaria dista mucho de la inicialmente proyectada. Precisamente, debido al rechazo de la ciudadanía. En este sentido, eran dos los principales peligros para el medio ambiente: la pérdida de la arena de la zona y la afección a la pradera de sebadales debido a la cercanía de una zona protegida denominada Lugar de Interés Comunitario (LIC). A pesar de todo, y con sentencias favorables del TSJC, el proyecto obtuvo la declaración de impacto ambiental el 5 de febrero de 2003 y el visto bueno de la Comisión Europea pero estableciéndose unas medidas compensatorias a los potenciales daños que pudiera ocasionar el proyecto. Se creó un organismo específico para el control y conservación de los valores medioambientales de la zona: el Observatorio Ambiental de Granadilla (OAG). Tras cinco años desde el inicio de las obras, el observatorio dictaminó que la pradera de sebadales no se había visto afectada más que un 7%.

En 2011, la Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife tramitó ante Puertos del Estado una modificación del proyecto obras de abrigo del puerto de Granadilla por considerarse necesario a la luz de la evolución de la flota de buques ro-ro, un mejor conocimiento del clima marítimo local y ajustes a la normativa más reciente. A esta modificación seguirían otras dos, también de carácter técnico, que fueron asimismo aprobadas, no teniendo ninguna de ellas repercusiones ambientales adicionales.

El proyecto finalmente aprobado y reducido prácticamente a un tercio del original, ocupará una superficie de unos 800.000 metros cuadrados y 1.000 metros de muelle de ribera, quedando protegido por un contradique de 1.150 m y un dique exterior de 2.512 metros de longitud, de los cuales 800 metros son perpendiculares a la costa, 679 m estarán en una segunda alineación y 880 metros en la tercera, al final de la cual se dispondrá, en dirección perpendicular, un martillo de 153 metros de longitud.

Tras todas las modificaciones introducidas, el morro del dique exterior queda a 1.750 metros del LIC. Las obras han supuesto una inversión de 145.584.591 euros, de los que la Unión Europea ha aportado 67 millones mediante los Fondos de Cohesión. Las obras de abrigo ejecutadas comprenden el contradique, con una longitud de 1.150 metros (comprende 724 metros de escollera) y el dique exterior, de 2.512 metros, además de 361 metros de muelle de ribera con un calado de dieciséis metros y una explanada asociada de aproximadamente quince hectáreas. La superficie de agua protegida es de 70,8 hectáreas.

 
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