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Santa Cruz de Tenerife
El domingo pasado una de las empresas licitadoras del megaconcurso de la Radio Televisión Canaria utilizaba el periódico de su propiedad para desvelar por fin la estrategia seguida desde hace más de un año para lograr que el contrato multimillonario no pudiera ser adjudicado. Canarias 7, en una información firmada por su director, explicaba lo que la empresa licitadora, después de un contrato de ocho años adjudicado en un negociado, y con una prórroga de otros dos decidida graciosamente por el Gobierno de Paulino Rivero, ha venido queriendo que ocurra desde el minuto uno: una nueva prórroga –esta vez de nueve meses- que retrase la adjudiación del nuevo contrato al mes de marzo de 2019, en plena campaña electoral regional. El objetivo declarado es entonces ganar esos nueve meses necesarios para que sea una nueva administración –distinta a la actual- la que adjudique. Y a lograr ese objetivo se han destinado los esfuerzos de una pelea política que mantiene el Consejo rector de la Televisión Canaria bloqueado e incapacitado para adjudicar. En la fase final de esa estrategia -apenas dos días antes de que el Parlamento de Canarias volviera a atascar el Consejo Rector de la tele canaria, con el rechazo de las dos nuevas consejeras- Canarias 7 explicaba que contrariamente a las tesis del presidente del Consejo, Santiago Negrín, “y de quienes le dan a Negrín apoyo político”, la legislación del Estado permite “en casos extraordinarios –como sería este- una prórroga de nueve meses atendiendo a la importancia del servicio que se presta y que podría quedar interrumpido”.
El mismo periódico que criticó ferozmente la solución adoptada por Negrín para evitar la suspensión de la señal (es de suponer que también necesaria para evitar interrumpir el servicio), y que ha alentado en todas las instancias posibles (el TSJC, el Tribunal Administrativo de Contratos, el Parlamento de Canarias, a través de la acción de algunos grupos parlamentarios, o el propio Consejo Rector, tirando de una de sus consejeras), descubre por fin que el objetivo de toda esa tinta desparramada en las portadas era evitar la adjudicación del contrato para forzar una prórroga, que permitiera un cambio en la actual Administración.
Nadie ha dudado nunca de que esta es una guerra comercial, como tantas otras que hoy definen la actualidad política de Canarias (la del gas, por ejemplo) contaminando a los partidos y los medios. Pero la actual licitadora jamás había enseñado la patita de forma tan clara hasta este domingo.
