Martes, 25 de Enero de 2022

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Aprobada la ley de Seguridad Ferroviaria

Ha contado con los votos favorables de todos los grupos parlamentarios, excepto el PP que se ha abstenido

La Consellera de Infraestructuras Maria José Salvador, aplaude durante el debate y votación del proyecto de ley de seguridad ferroviaria en Les Corts Valencianas.

La Consellera de Infraestructuras Maria José Salvador, aplaude durante el debate y votación del proyecto de ley de seguridad ferroviaria en Les Corts Valencianas. / Juan Carlos Cárdenas (EFE)

El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado este miércoles la ley de Seguridad Ferroviaria, que busca hacer de la Comunitat Valenciana "un referente" en esta materia y evitar que se puedan repetir accidentes como el de Metrovalencia de 2006, en el que murieron 43 personas.

Ha sido  apoyada por cuatro de los grupos parlamentarios, excepto el PP que se ha abstenido y contempla la creación de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria y de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios.

El grupo socialista y Compromís han defendido la importancia de la ley para prevenir o al menos minimizar accidentes como el de 2006, mientras que para el PP la norma genera duplicidad de organismos, y por tanto "de nóminas", y no solucionará los problemas de seguridad.

El diputado del PP Vicente Betoret ha denunciado que la ley "habla poco de seguridad", adolece de medidas concretas en esta materia y ha considerado que la creación de nuevos organismos supondrá una duplicidad y conllevará un incremento del gasto en nóminas en lugar de destinarlo a seguridad.

Para Betoret, la norma trata "de manera deficitaria" el sector ferroviario y de manera "pobre" la seguridad, de la que cree que se "habla poco", y ha considerado que lo único que importaba a los grupos que sustentan al Consell era "ser los primeros y, por eso, las prisas y la falta diálogo y consenso".

La socialista Ana Barceló ha defendido que se trata de "una buena ley" que trata de proteger a los usuarios del transporte ferroviario valenciano pero también a sus trabajadores, y de "romper con el modelo del PP, basado en la verdad inalterable, la única que durante años impuso tras el accidente".

Ha afirmado que con esta ley se "acaba la opacidad, la parcialidad de la investigación, el adoctrinamiento, la ocultación de información y la gestión partidista de accidentes", y ha reprochado al PP que hable de nóminas cuando se investiga a FGV por amaños en los contratos de seguridad.

La diputada de Compromís Cristina Rodríguez ha deseado que la ley sirva para que la seguridad "no se vea nunca más como un exceso de gasto público, la supervisión y el control no sean una quimera y los políticos no miren más para otro lado", y ha justificado el rechazo a las enmiendas del PP porque tratan de "vaciar" el texto.

Antonio Montiel (Podem) ha lamentado que "las prisas" por desarrollar una ley de seguridad haya impedido sacar adelante una ley integral del sector que, es lo que, a su juicio, hubiera sido lo más adecuado. Ha considerado que a la norma le seguirán faltando cosas, como la necesidad de un contrato programa que regule el servicio que la Generalitat encarga a Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), un libro blanco de la seguridad ferroviaria y una auditoría de FGV.

La diputada de Ciudadanos María José García ha afirmado que hubo "un antes y después" del accidente de 2006, que "posiblemente" se podría haber "evitado o minimizado" con un mayor control de la seguridad de ese tren y un mayor mantenimiento de la infraestructura. García ha dicho que la nueva ley es "un primer paso, un paso necesario para reducir accidentes, aumentado la seguridad del sector ferroviario", aunque ha lamentado que se hayan quedado fuera "muchas enmiendas que deberían haberse incluido por ser indicaciones de personas que conocen bien el sector".

La Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio, satisfecha

La Asociación de Victimas,ha mostrado su satisfacción con la aprobación de la ley valenciana de Seguridad Ferroviaria, que busca evitar que se puedan repetir accidentes como el de Metrovalencia de 2006, en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas.

Así lo ha afirmado a los periodistas la presidenta de la asociación, Rosa Garrote, quien ha seguido, junto a otros miembros de la asociación, desde la tribuna de invitados de Les Corts, el debate y aprobación de la norma, y ha elogiado que haya salido adelante si ningún voto en contra, ya que el PP se ha abstenido.

Ha afirmado que lo importante era aprobar la ley, "dar este paso y establecer unos puntos que indiquen que la seguridad ferroviaria está legislada y regulada y hacer, en lo posible, más difícil que un accidente tan brutal como el del 3 de julio de 2006 vuelva a suceder".

Garrote ha recordado que esta era una de las principales reivindicaciones de la asociación de víctimas, junto con la investigación del accidente, pues consideran que regular la seguridad es un paso imprescindible para evitar otro posible accidente similar.

Ha mostrado la "satisfacción" de las víctimas de que tras doce años de denuncia y reivindicación este punto haya llegado a su fin y haya terminado positivamente con la aprobación de esta ley de seguridad.

La presidenta de la AVM3J se ha mostrado convencida de que el desarrollo de la norma aportará "todo lo necesario para hacer imposible un futuro accidente tan brutal y que el día a día de la circulación ferroviaria sea más segura".

Garrote también ha mostrado la satisfacción de la asociación con que la Audiencia Provincial haya ordenado a la jueza seguir la investigación del accidente con la finalidad de ir a juicio, y ha dicho que están "muy contentos con que se sienten en el banquillo los directivos de FGV". "Pensamos que los responsables de la gestión son los directivos porque son las personas que toman las decisiones y los que se tienen que sentar en el banquillo a dar explicaciones de esas decisiones", ha manifestado.

El judicial es, según Garrote, el último reconocimiento que les queda a las víctimas, tras haber recibido el político e institucional en 2015 y antes el social, pero ha dicho que su lucha en el ámbito judicial está "más acotada" porque no quieren ni pretenden influir en el proceso.

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