La Audiencia confirma el procesamiento de Echávarri en el caso Comercio
La Sección Segunda rechaza el recurso del primer edil alicantino y los dos asesores investigados contra el auto de procedimiento abreviado
Gabriel Echávarri, alcalde de Alicante (Imagen de archivo) / Silvia Cárceles (CADENA SER)
Alicante
El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se acerca al banquillo de los acusados por el caso Comercio. La Audiencia Provincial ha confirmado el procesamiento del primer edil y sus dos asesores por el presunto fraccionamiento. Están acusados de prevaricación y usurpación de funciones.
El auto desestima los recursos que presentaron los encausados contra el auto de incoación de procedimiento abreviado que acordó, en noviembre pasado, el Juzgado de Instrucción número 9 de Alicante.
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En la resolución, a la que ha tenido acceso Radio Alicante, la sección segunda de la Audiencia, responde al primer edil Gabriel Echávarri que "debe desestimar los recursos ya que las diligencias de investigación practicadas aconsejan la incoación de procedimiento abreviado a fin de depurar responsabilidades ya que no consta de forma inequívoca la ausencia de criminalidad en la conducta de los encausados".
La defensa del alcalde mantenía en el recurso que no se desprenden indicios de "participación del alcalde en los hechos objeto de investigación" y que "éstos no serían constitutivos de delito".
Recordamos que la jueza María Luisa Carrascosa circunscribe el procesamiento a 14 facturas del área de Comercio cuando el primer edil ostentaba esta responsabilidad y a la Gala de Comercio de 2016 por valor de algo más de 140.000 euros.
La magistrada entendió al abrir procedimiento abreviado, que esas contrataciones debieron realizarse a través de "concurso público" y el fraccionamiento "fue arbitrario ya que benefició a lo elegidos por propia voluntad, con perjuicio de los principios de publicidad y libre concurrencia".
Tras la decisión de la Audiencia, se retoma el proceso. La instructora dará traslado de la causa a Fiscalía y a la acusación particular, que ejerce el PP y Ciudadanos de manera unificada, para que se presenten los escritos de conclusiones, antes de fijar la apertura de juicio oral.
