Los centros educativos de Madrid reciben una media de 250 denuncias al año de progenitores enfrentados por la custodia

Madrid

Los técnicos de la Consejería de Educación reconocen que hay un problema que trasciende su labor administrativa y educativa. Que se vive de puertas para afuera en los centros pero que llega, en ocasiones, a traspasarlas. Las situaciones de progenitores en conflicto afectan a la vida del centro y de los alumnos. De hecho, según los datos aportados a la SER por la Comunidad de Madrid, colegios e institutos reciben una media de 250 denuncias al año de padres y madres de alumnos que comparten la custodia compartida y que no se ponen de acuerdo. Solo un 25% de esas quejas, reconocen, son por cuestiones meramente educativas. Son fallos cometidos en estos procesos por la administración, según reconocen las mismas fuentes, como no tener en cuenta la firma de ambos progenitores en un consentimiento o por haber traspapelado alguna notificación. Fallos que se corrigen y que casi nunca llegan a los juzgados. El resto de denuncias, según la administración educativa, trasciende el ámbito de actuación de los centros. Son casos delicados en los que los progenitores tienen conflictos abiertos: quién se lleva al niño al salir de clase, si va o no a religión o si tienen permiso para ir a una excursión.

Para estas situaciones, los centros se sirven de las instrucciones de una guía elaborada en 2014 por la Consejería de Educación destinada a casos de "progenitores separados o divorciados que comparten la patria potestad". Una guía que para Comisiones Obreras vulnera la intimidad del menor y la privacidad de las familias porque otorga al personal de los centros funciones que no son propias. "No se puede exigir sentencia de disolución de matrimonio o pareja de hecho o divorcio porque incluso en el caso de parejas de hecho esta figura no existe", afirma Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid. "En relación con la disolución de matrimonio, la ley de enjuiciamiento civil lo prohíbe explícitamente. Dice que solo se podrán consultar las sentencias en sede judicial por personas que acrediten interés legítimo y una vez que se hayan limpiado los datos personales para garantizar la intimidad de las personas implicadas", explica Galvín.

Comisiones Obras denuncia, además, que la guía perjudica al personal docente y no docente de los centros educativos porque les atribuye funciones que van más allá de su labor administrativa. Según el sindicato, esas instrucciones les piden que en casos puntuales se atribuyan funciones judiciales sin que medie una sentencia. Por ese motivo Galvín recuerda que "tanto los equipos docentes como directivos deben limitarse a aplicar las normas administrativas y no intervenir en conflictos que se producen fuera del centro". El sindicato ha presentado un escrito en la Consejería de Educación en el que reclama que se retiren estas instrucciones de la web de la Dirección de Área Territorial de Madrid capital.

Fuentes del departamento de Rafael Van Grieken aseguran a la SER que esta guía ha supuesto un revulsivo en los centros educativos que hasta su redacción no sabían bien cómo actuar ante los casos de conflicto entre progenitores. Sin embargo, precisan, harán los cambios que se consideren necesarios para adaptarla a los nuevos tiempos. De hecho, parte de las instrucciones que más molestan a Comisiones Obreras sí han desaparecido de otra guía, similar, alojada en otra web de la Comunidad de Madrid.