La Conselleria exige proteger la fachada de El Progreso y a hacer catas arqueológicas

Elche

Empieza la semana con un duro mazazo para el Ayuntamiento de Elche, y más en concreto para el área de Urbanismo. La Conselleria ha exigido que se proteja la fachada del edificio de Riegos El Progreso que da a la plaza de la Constitución.

El alcalde, Carlos González, ha rehuido hacer valoraciones al respecto de buena mañana. Se ha escudado asegurando que no ha entrado todavía por registro la resolución de Patrimonio. Sin embargo, aseguraba conocer el contenido que ahora van a trasladar a los técnicos y servicios jurídicos municipales para que valoren su contenido y las posibles consecuencias o acciones que se pueden llevar a cabo. González insiste en que se trata de un dictamen complejo que requiere de un análisis meticuloso y preciso.

El escrito de la consellería de Cultura refleja que los técnicos de patrimonio han concluido que el edificio de riegos El Progreso está en un nucleo histórico donde cualquier licencia debe condicionarse a catas arqueológicas. Exige que se realicen en el subsuelo del edificio. Además, consideran necesaria la protección de la fachada del edificio que da a la Plaza de la Constitución asi como la sala de venta de Agua, que iban a ser demolidas y cuyo derribo se paro in extrremix el pasado 12 de enero.

Pese al quebradero de cabeza que ha supuesto para la ciudad y el Ayuntamiento, especialmente para el área de Urbanismo, la paralización de las obras por parte de Conselleria, el alcalde ha destacado que las relaciones entre Elche y la Generalitat "son estupendas".  Ha vuelto a insistir en que en todo momento, las acciones municipales han sido las correctas desde el punto de vista técnico y jurídico.

Aunque desde el Ayuntamiento se pidió en reiteradas ocasiones a Conselleria que no agotase el plazo de dos meses que se marcaban por ley para resolver la situación del Progreso, finalmente, la respuesta ha llegado cumplida la fecha.

El pasado 12 de enero, la Conselleria decidía paralizar por completo, de forma cautelar, las obras de demolición del edificio de Riegos El Progreso. Un particular cursaba una denuncia para reclamar que se protegiese la fachada que da la plaza de la Constitución. Se escudaba en la falta de definición del catálogo de edificios protegidos recogido en el Plan General de Ordenación Urbana que está actualmente en vigor. En el documento, se recoge por una parte que se protege tan solo el frontal del carrer Empedrat, mientras que por otro lado aclara que la protección se extiende a la totalidad del inmueble.

Esto sirvió para que un particular llevase a Conselleria a reconsiderar las actuaciones que se estaban llevando a cabo. Algo que para el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, llegaba tarde. Insistía en que los técnicos de la Conselleria estaban presentes en la Mesa de Patrimonio celebrada en el mes de diciembre donde ya se planteó la demolición de la sala de venta de aguas y la fachada que ahora se exige que se proteja.

Pero la polémica no terminaba ahí, después llegó el problema del apuntalamiento. Dado que la orden de Conselleria llegaba cuando las obras ya estaban avanzadas, los propietarios tuvieron que colocar unos refuerzos en la fachada para evitar su derrumbamiento. Un apuntalamiento que invadía la calzada y obligaba a cortar la circulación de una de las arterias más transitadas del centro de la ciudad. Esto generó durante semanas un enfrentamiento entre los comerciantes de la calle Almórida y el Ayuntamiento, al que también se sumaron, aprovechando la coyuntura, los grupos de la oposición. Finalmente, Urbanismo ordenó a los particulares que cambiasen la sujeción de la fachada a una que fuese menos invasiva, que permitiese reabrir la vía al tráfico y que recogiese toda la estructura al haber, según los técnicos, peligro de derrumbe. Los propietarios se negaron a acometer el cambio, lo que llevó al Ayuntamiento a asumir los trabajos y los costes, con cargo posterior a los propietarios. Unas facturas que los dueños del inmueble se niegan a pagar.

Por si fuera poco, ahora esta resolución de Conselleria deja de nuevo en el aire quién va a asumir los costes de la protección y restructuración del diseño de las obras que los propietarios tenían planteado.