La contratación pública, bajo la lupa judicial
Este próximo lunes arranca en la Audiencia de Bizkaia el juicio del caso Margüello, que sentará en el banquillo al ex jefe de Calidad del Hospital de Cruces, que da nombre al caso, una testaferro y dos ex altos cargos de la Sanidad vasca durante la etapa de Gabriel Inclán (PNV) como consejero. Solo acusa la Fiscalia y se enfrentan a penas de hasta 11 años de cárcel por "malversación y fraude ilegal en la Administración", entre otros delitos
EFE ARCHIVO
Bilbao
La Audiencia de Bizkaia sentará a partir del 19 de marzo en el banquillo de los acusados al ex jefe de Calidad del hospital de Cruces, Jose Carlos Margüello, una testaferro (Maria Nieves Fernández) y otros dos ex altos cargos del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco (el que fuera viceconsejero, Rafael Cerdán, y el responsable territorial en Bizkaia, José Ramón Elorriaga). La Sala deberá resolver si en 2006, cuando Juan José Ibarretxe era lehendakari, los cuatro acusados prevaricaron al beneficiar con contratos de Osakidetza a empresas vinculadas precisamente a Jose Carlos Margüello. Se han señalado cuatro sesiones de juicio por estas supuestas irregularidades cuya afección supuso, presuntamente, una pérdida a las arcas públicas de 6,8 millones de euros.
La Fiscalía es la única acusación en este caso y solicita 11 años de prisión para tres de los acusados y 6 años y medio para un cuarto, por delitos de prevaricación "en concurso medial" con un delito de malversación, fraudes ilegales contra la Administración pública y "de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos". El Ministerio Público entiende que los procesados cooperaron para beneficiar a dos empresas privadas del que era jefe de Calidad de Cruces, que figuraban a nombre de la testaferro, Maria Nieves Fernández (Rehabilidom y Gestión de Servicios Sanitorios XXI). Tras una larga fase de instrucción, la Fiscalía señala dos contratos como irregulares: uno con un valor aproximado de 2 millones de euros y un segundo que ascendió hasta los 4,8. Considera que se obviaron "todos los informes técnicos y todo el procedimiento y controles legales exigidos". Mantiene, además que no se registraron formalmente en el sistema informático de Sanidad.
De igual forma que en el Caso de Miguel, los servicios jurídicos del Gobierno Vasco no solicitan penas de prisión. Personados como acusación particular, los letrados autonómicos no piden penas de cárcel para los imputados, sino que reclaman que se restablezca todo lo que se considere en sentencia que fue "ilegítimamente o ilegalmente satisfecho con cargos a los fondos públicos", si es que la Audiencia de Bizkaia da la razón al Ministerio Público.
Las adjudicaciones a dedo, bajo control
Fuentes jurídicas señalan que el Tribunal Supremo se ha posicionado en algunas de sus últimas resoluciones sobre la necesidad de reaccionar contra las adjudicaciones a dedo. Otras fuentes consideran que estas resoluciones responden a la intervención de las Administraciones, que se han visto obligadas a ser más transparentes en su contratación pública. Desde el Observatorio de Contratación Pública, José María Gimeno Feliu, reconoce a la SER que "el marco normativo antes también era muy distinto y lo que sucede ahora es que la judicatura se está mostrando menos tolerante con ciertas prácticas que se amparaban en un marco normativo interpretado de forma demasiado laxa, donde primaba más el que se ejecutasen los contratos que cómo se había decidido esa adjudicación contractual desde la lógica de la transparencia". Mantiene Gimeno Feliu que afortunadamente hay "un cambio de inercia, de paradigma, donde las adminsitraciones son conscientes de que tienen que poner en marcha otra cultura de la contratación pública". A su juicio, la entrada en vigor recientemente de la nueva Ley de contratos del sector público da unas directrides muy claras "que pueden encauzar prácticas que eran un poco irregulares desde la perspectiva de la buena gestión de los recursos públicos".
Cuatro sesiones
El lunes día 19 está previsto que declaren los cuatro encausados. Los testigos de la Fiscalía comparecerán el martes y el miércoles será el turno de los testigos de la defensa, entre quienes está citado el que fuera consejero de Sanidad, Gabriel Inclán. El jueves día 22 de marzo está previsto que se dé lectura a las conclusiones definitivas.
