Política

La justicia no ve sobrecostes ni prevaricación en los contratos del PP con el Open de Tenis

Inadmitida a trámite la denuncia de los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer contra el equipo de Gallardón

Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer durante una visita a la Caja Mágica, cuando eran directivos de Madrid Destino / Ayuntamiento de Madrid

Madrid

Ni sobrecostes, ni prevaricación. La justicia da carpetazo a la querella presentada por el Observatori de Drets Humans, una plataforma de entidades de Barcelona, que acudió al juzgado basándose en los datos aportados por Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer (Ahora Madrid) ante la Fiscalía Anticorrupción.

En el auto del juzgado número 41, adelantado por El País y al que ha tenido acceso la Cadena SER, el magistrado Esteban Vega Cuevas, establece que una vez analizada la documentación del querellante, y también la adjuntada por la Fiscalía Anticorrupción, no existen indicios de la comisión de los delitos de prevaricación y malversación atribuidos en la querella. De esta forma, de conformidad con la petición de la fiscalía, acuerda no admitir a trámite la querella presentada por el Observatorio y ordena el archivo.

Ambas actuaciones habían quedado unidas y al rechazar la querella de esa entidad catalana, decae también la actuación de la Fiscalía, dejando sin efecto la acusación que pesaba contra el que fuera número dos de Gallardón, Manuel Cobo Vega, además de los entonces consejeros delegados José Ignacio Fernández González y Pablo Bautista Nicolás.

En su auto fechado en el 12 de marzo, el juez asegura que no ha quedado acreditada "ni siquiera indiciariamente la comisión por parte de los querellados de los delitos que les son imputados" y por ello no procede admitir a trámite la querella.

Los ediles de Ahora Madrid, junto a la ex consejera delegada Ana Varela, acudieron a la Fiscalía tras constatar que desde 2001 había un incremento del precio a pagar -de dos a 10 millones de euros en diez años- en concepto de contraprestación a la sociedad Madrid Trophy Promotion (MTP) por la celebración del torneo de tenis por parte del Ayuntamiento.

Los concejales presentaron la denuncia como miembros del consejo de administración de la empresa municipal Madrid Destino, de donde fueron apartados después, sin que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tuviese conocimiento de su traslado a la fiscalía, según dijo ella misma.

Sánchez Mato y Mayer consideraban que los convenios con MTP suponían "un importante menoscabo de las arcas públicas" con el fin de enriquecer a la empresa, argumentos que utilizó en su querella el Observatorio de Derechos Humanos.

En su auto, el juez señala que no puede imputarse a los querellados el delito de prevaricación puesto que no hay ninguna ilegalidad, y en ese sentido remarca la existencia de "informes que respaldan los convenios firmados" por el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).

Tampoco entiende el juez que haya indicios de malversación de caudales públicos ya que de los documentos analizados "no se desprende que el gasto realizado por el Ayuntamiento tuviera destino distinto al pago de la actividad objeto de los mismos".

El informe elaborado por la Fiscalía -la Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado- sobre los contratos entre la empresa municipal y la organizadora del torneo concluye además que "si bien es cierto que el precio abonado en los distintos torneos es diferente y en algunos años se produjo un importante incremento del precio, hay circunstancias que han influido y justificado dichas variaciones".

Reacción municipal

Fuentes municipales indican a la SER que el Ayuntamiento “no hace valoraciones sobre decisiones judiciales”, pero recuerdan que Mayer y Mato acudieron a la fiscalía “para poner unos hechos en conocimiento de las autoridades competentes y que la querella no admitida hoy a trámite en primera instancia no es el mismo procedimiento”. Afirman, además, que no han recibido ninguna notificación por parte de la fiscalía y que, en cualquier caso, “llevaron a cabo esta actuación judicial dentro del compromiso adquirido por este equipo de Gobierno para luchar contra la corrupción y esclarecer si se hizo un buen uso del dinero público, en pro de una mayor transparencia”.

Investigados

El caso del Open de Tenis no acaba aquí porque el grupo municipal del PP presentó una querella criminal contra ambos ediles. Sánchez Mato y Celia Mayer testificaron en septiembre en calidad de investigados por los presuntos delitos societario, de malversación de fondos y prevaricación tras haber pagado con dinero público los informes externos que dieron pie a su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

Como constaba en el escrito presentado ante la Fiscalía, la empresa pública Madrid Destino, “ante la complejidad de la materia”, solicitó el asesoramiento jurídico de dos despachos de abogados, uno de ellos especializado en derecho civil y administrativo, y el segundo, en derecho penal. El importe del pago fue de 50.000 euros y acudieron a estos bufetes privados para que analizaran “todas las circunstancias fácticas y jurídicas” en el acuerdo para la organización del Open de Tenis.

Reacciones

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha remarcado que el gobierno de Carmena ha sufrido un "nuevo revés judicial" ya que la justicia ha archivado "de plano" la querella contra el equipo de Alberto Ruiz-Gallardón por los contratos del Open de Tenis.

Recuerda además Martínez-Almeida que, a diferencia de lo que ha sucedido con esta querella, sí se sigue tramitando la que su grupo presentó contra los tres denunciantes "por encargar informes ad hoc con el dinero de los madrileños". "La justicia le vuelve a quitar la razón y le archiva esta denuncia infundada", ha dicho el edil popular.

Desde el PSOE, Purificación Causapié ha recordado que fue una "actuación opaca y desleal" con la alcaldesa, Manuela Carmena” y que en su momento ya exigieron “responsabilidades políticas" por esta actuación, que fue "desleal" también con el consejo de administración de Madrid Destino, que "debía haber estado informado en todo momento”.

"A Ahora Madrid ya le habían dicho no los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pero no le valía... porque quieren ir contra todo aunque acaben haciendo el ridículo", ha indicado además la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís. "No tenía sentido, ya lo habíamos dicho; lo peor es lo que se hace con el dinero y con el tiempo de todos los madrileños", apostillaba.

 
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