Los municipios de Mallorca contarán con una ordenanza contra el "botellón" con sanciones de hasta 100.000 euros

PALMA

El Consell de Mallorca y la Federación de Entidades Locales de las Islas preparan una nueva ordenanza contra el "botellón" con sanciones hasta los 100.000 euros. El texto todavía se está redactando y está previsto que entre en vigor antes de esta temporada alta.

El presidente del Consell insular, Miquel Enseñat, explica que ahora los alcaldes de Mallorca tienen la posibilidad de presentar alegaciones. La intención es que "regule y no prohíba". El documento tendrá especial incidencia en las fiestas patronales en pueblos, la regulación de espacios de consumo y en especial sancionar si se vende alcohol a menores de edad. 

El presidente de la FELIB, Joan Carles Verd, explica que la idea es que pueda ser "una herramienta para que los municipios puedan aplicarla en caso de que no tengan una normativa que regule la promoción, venta y consumo de bebidas alcohólicas". En la actualidad ya hay ayuntamientos de Mallorca que tienen su propia regulación como Palma, Calvià, Binissalem, Campanet, Montuïri, Santanyí o Sencelles. 

La futura ordenanza contra el "botellón" que prepara el Consell de Mallorca y la Federación de Entidades Locales de las Islas considera una infracción muy grave la venta de bebidas alcohólicas sin disponer de un permiso con multas de entre 10.000 y 100.000 euros. Además, en fiestas populares, los camareros tendrán que haber realizado un curso sobre la dispensación responsable de bebidas alcohólicas.

Además, destaca que en las berbenas se deberá ofrecer agua a un precio más asequible que cualquier otro tipo de consumición.

En las fiestas populares, espectáculos multitudinarios o conciertos solo se podrán servir bebidas en envases de plástico o de cartón, y estará prohibido el cristal o las latas. En caso de que se incumpla esta medida se considera una sanción leve por 750 euros.

Beber en la calle cuando perturbe gravemente la tranquilidad de los vecinos podría conllevar multas leves de entre 100 y 600 euros. Hay que destacar que en estos casos, y sobre todo en menores, se podría sustituir por un curso educativo o en todo caso terapéutico.

Por otro lado, las personas denunciadas si pagan antes del expediente sancionador la cuantía se reduciría a la mitad.

Hay que dejar claro que todo el dinero recaudado se destinará a programas de prevención sobre drogodependencias y conductas adictivas del municipio, con campañas informativas, programas de ocio alternativo para los jóvenes, y fomentar el uso del transporte público.