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La sombra de Saúl continúa sobre el Dépor

El Tribunal Supremo evita que el club deje de ser responsable subsidiario

El jugador está obligado al pago de un millón, más las costas e intereses

Saúl García / Cadena SER

A Coruña

El caso Saúl vive un nuevo capítulo. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Deportivo para dejar de ser responsable civil subsidiario en la pugna judicial que mantienen club, jugador y Real Valladolid. En Plaza de Pontevedra aun disponen de otro intento para que el alto tribunal acceda a estimar la petición herculina.

El asunto de la duplicidad de firmas de Saúl explota cuando el lateral zurdo rubrica su contrato con el Deportivo. En ese momento el Real Valladolid hace valer un contrato anterior con el defensa, un documento que lleva una fecha que genera polémica. Los jugadores que acaban contrato no pueden comprometerse contractualmente con otros equipos hasta seis meses antes de que expire su compromiso. Saúl no debería firmar contrato alguno hasta el 1 de enero y en este caso el club pucelano reconoce abiertamente haber firmado al jugador el 2 de septiembre, 9 meses antes del final de contrato. El asunto fue resuelto en primera instancia, condenando a Saúl al pago de un millón de euros al Valladolid y considerando al Deportivo responsable subsidiario, es decir, obligado al pago siempre y cuando no lo hiciese el propio jugador. Los posteriores recursos fueron confirmando esa decisión contraria a los intereses del lateral cántabro.

La postura del Deportivo ha sido la misma desde el comienzo del caso: desconocían la firma de Saúl con el Valladolid y por lo tanto maniobran para impedir verse salpicados por el pago de ninguna indemnización. Diversas fuentes judiciales señalan las remotas posibilidades de que el Deportivo deba hacerse cargo de ese pago. La principal hipótesis sería en caso de insolvencia del jugador, situación dificilmente aceptable dado el carácter público de su actividad profesional.

En el fondo del caso Saúl también existe una lucha entre la jurisdicción ordinaria y la deportiva que en su día generó fuerte malestar en la LFP. El hecho de acudir a la legislación laboral para eludir la deportiva no fue una decisión del agrado de la patronal del fútbol, consciente de que muchas de sus normas pueden caer en papel mojado si se interpretan desde el prisma de esa legislación laboral.

 
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