Si eres una mujer maltratada, no tienes descuento en las universidades madrileñas

Desde 2012, la Ley dice que deben ser las Comunidades Autónomas quienes fijen el precio de las universidades públicas – se decidió así a través de las medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo-. Eso significa que la administración establece, no solo los precios, sino también quién y por qué tiene derecho a pagar menos, es decir, las exenciones y las bonificaciones.

El Defensor del Pueblo recuerda que “la mayor parte de las universidades [de toda España] coinciden en dar ayudas a las víctimas de la violencia de género”, esa situación se da en “Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña, Extremadura, Galicia, Islas Baleares y Navarra…”. Pero Madrid no figura en esa lista. De hecho, es el Defensor quien destaca que Madrid no siga el ejemplo del resto de regiones.

El Gobierno de Cifuentes ofrece descuentos en las matriculas para familias numerosas, víctimas del terrorismo o para estudiantes con discapacidad, pero “no hace ni una sola mención a las exenciones aplicables a las víctimas de violencia de género”, advierte el Defensor del Pueblo en su Informe de 2017.

Ayudas que no garantizan la asistencia

Las mujeres maltratadas tienen esa limitación, aunque la oficina de Francisco Fernández Marugán sí ha detectado que Madrid “reconoce ayudas económicas de pago único para estas mujeres víctimas”, pero ha puesto varios reparos a ese sistema, “se trata de ayudas ligadas a empadronamiento o a la necesidad de acreditar rentas muy escasas o dificultades para obtener un empleo”, y son, según alerta el Defensor del Pueblo, “incompatibles con otras ayudas”. Con todos esos reparos, el Defensor concluye que las ayudas de la Comunidad de Madrid a las mujeres maltratadas “no garantiza el derecho a la asistencia social integral de estas víctimas que proclama la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género”.

El Defensor del Pueblo ha analizado de oficio eesta situación, a raíz de la queja de una alumna navarra de la Universidad Complutense de Madrid. Esta alumna, que tiene reconocida la condición de víctima de violencia de género, tuvo que trasladarse a estudiar a Madrid, a su llegada, se percató de traque no se estaba respetando un convenio entre su universidad y la Comunidad de Madrid que priorizaba las solicitudes realizadas por víctimas de violencia de género. Ante esta queja, en junio de 2017, el Defensor del Pueblo recomendó a la Consejería de Educación “que reconociera de forma expresa la condición dta e víctima de violencia de género en la normativa que anualmente fija los precios públicos por servicios académicos, la exención o bonificación” (consulta aquí la recomendación que realizó en 2017 el Defensor del Pueblo).

La respuesta de la Consejería, en aquel momento, fue “que iba a estudiar el establecimiento de la exención propuesta por el Defensor del Pueblo, analizando el alcance y los recursos necesarios para tal fin”. La oficina de Fernández Marugán no se conforma con esa respuesta, por eso, mantienen abierta una investigación.