Aguayo no conoció los informes de los interventores sobre los ERE ni dijo nada a Griñán sobre ellos

Sevilla

Carmen Martínez Aguayo, la exconsejera y ex viceconsejera de Hacienda, ha repetido durante todo su interrogatorio que no conoció los diferentes informes de la Intervención de la consejería de Innovación ni tampoco los de la Intervención general sobre los ERE. También ha insistido en que no dio traslado de ellos al entonces consejero José Antonio Griñán. De cualquier forma, ha explicado, ningún político podía hacer nada si los interventores no advertían de menoscabo de fondos públicos. Y ninguno advirtió de ello. “Ningún interventor consideró que hubiera menoscabo por eso no podíamos actuar. La actuación del consejero y el viceconsjero está reglada”, ha insistido. “Yo nunca he ido contra la ley”.

En uno de esos informes la Intervención General advertía del uso inadecuado de las transferencias de financiación para pagar ayudas directas a empresas y ayudas socio laborales.

“No pasaban por mi mesa”. “La receptora de los informes de control financiero permanente de la Agencia IDEA era la viceconsejería. No la viceconsejera. Yo los informes los he visto luego en la causa. De leerlos se encargaba mi gabinete técnico”, ha manifestado a preguntas de Anticorrupción. Pero, según ha contado, ninguno decía que la figura de las transferencias de financiación para pagar subvenciones fuera ilegal. “Lo que hacía la Intervención era proponer medidas para mejorar el uso de las transferencias”, ha declarado.

Su equipo recibió más de cien informes de la Intervención y ninguno de los técnicos, “altamente cualificados” advirtió ninguna ilegalidad, ha señalado varias veces.

¿Usted en algún momento reportó o informó de los informes al señor Griñán, sobre todo en relación a que se tramitaban de forma inadecuada las transferencias de financiación y de la falta de fiscalización previa derivada de esa forma inadecuada de pagar las subvenciones?, ha interrogado el fiscal. “No, a ese detalle no”, ha respondido en otro momento.

“El procedimiento que se investiga aquí estaba validado y aprobado por el Parlamento”, ha respondido a preguntas de su abogado. Y al fiscal le ha dicho que el Parlamento y la Cámara de Cuentas tenían también a su disposición los informes de la Intervención “si los pedían”. La encausada ha recordado que la utilización de las transferencias de financiación y de la partida 31L figuraban en los presupuestos que aprobaba el Parlamento con los informes de la Cámara de Cuentas”sin tacha de ilegalidad". Las partidas presupuestarias, además, eran "discutidas, modificadas, debatidas y validadas" por el Parlamento sin que se hiciera ninguna "advertencia", ha señalado.

La acusada ha defendido el control financiero permanente y ha dicho que puede ser más efectivo y es “más moderno” que el control previo del gasto, que exige la Ley de Subvenciones para pagar subvenciones.

La exconsejera ha manifestado que no tenía competencia sobre las cuentas de ninguna consejería porque la viceconsejería es un instrumento organizativo y de tramitación. Ha añadido que nunca habló de la partida 31L, con la que se pagaban los ERE, en ninguna reunión de coordinación ni con directivos de su consejería ni con los de Empleo, en las reuniones que mantenían para elaborar el presupuesto.

A Aguayo le parece “inverosímil” que la consejería de Innovación haya pagado con sus fondos ayudas aprobadas por Empleo, como se recoge en los informes que no se leyó de la Intervención. De esa forma, según la Fiscalía, la agencia IDEA pudo reducir en 2009 el déficit de millones de euros que tenía como consecuencia de los compromisos de pago que adquiría Empleo y debía pagar la agencia pública.

Las acusaciones sostienen que la Junta pagó subvenciones directas a empresas y ayudas socio laborales al margen de la Ley de Subvenciones, usando las transferencias de financiación que evitaban el control previo del gasto que marca esa ley; y sin darles publicidad, sin publicarlas en el BOJA explicando las bases reguladoras para que todos los ciudadanos conocieran esas subvenciones y pudieran solicitarlas.

Aguayo ha tenido que moderar el tono de sus respuestas cuando el presidente del Tribunal le ha advertido que estaba respondiendo con arrogancia a uno de los fiscales anticorrupción. Ella se ha disculpado y ha usado un tono más amable durante el resto de la sesión. La exconsejera se enfrenta a seis años de prisión y 30 de inhabilitación por un supuesto delito de malversación de fondos públicos y otro de prevaricación.