Un plan ambicioso que hizo aguas
Es la principal conclusión que se extrae tras escuchar a los primeros comparecientes en la comisión de investigación de las Cortes para analizar el Plan de Depuración
El Gobierno de Aragón tomó decisiones políticas para acelerar la construcción de las depuradoras, pero sin éxito
El Ministerio de Medio Ambiente guardó silencio mientras veía como el ejecutivo aragonés, al llegar la crisis, no podía hacer frente al convenio que habían firmado
Imagen de la Comisión de Investigación del Plan de Depuración de Aragón / Cortes de Aragón
Zaragoza
En la comisión de investigación que este miércoles comenzaba sus sesiones de trabajo el que fuera consejero de medio ambiente de 1999 a 2001, Victor Longás señaló que "El Instituto Aragonés del Agua se creó en 2001 con un criterio político para poder acelerar las obras de las depuradoras".
Victor Longás reconoció que el objetivo de depurar las aguas de municipios de más de 1000 habitantes fue ambicioso, pero tenía la esperanza de se pudiera conseguir y señalaba que se quiso "conseguir la mejor depuración posible y en todo caso con el menor coste posible" y añadía que los pliegos de contratación se sometían siempre a esa intención, siempre con criterios técnicos y no políticos, añadía
Entre las comparecencias fue curiosa la afirmación de Francisco Javier Sánchez, que en 2001 fue el último Director General del Agua y el primer Director del Instituto Aragonés del Agua porque Sánchez señaló que no "notó el cambio, a pesar de la promesa de Marcelino Iglesias de potenciar este Instituto".
Por su parte el ex consejero Longás respondía a las dudas que se plantearon sobre los criterios para contratar al personal hace 15 años en el Instituto Aragonés del Agua. Longás recordaba que se aprobó en Consejo de Gobierno la plantilla que a su juicio se dimensionó "con toda rectitud, con toda la integridad desde el punto de vista de los modos de provisión"
En la misma comisión, Manuel Allende que desde 2010 a 2016 fue designado por el Ministerio para hacer seguimiento de los convenios del Plan Nacional de Calidad de las Aguas firmados entre el Estado y las Comunidades Autónomas, señaló que el Gobierno Central no tomó ninguna decisión cuando el Ejecutivo Autónomo comenzó a no cumplir, por problemas económicos, el convenio firmado en 2008 para depurar las aguas de la Comunidad.
