El juez quiere sentar en el banquillo a Cursach y 23 personas en un primer macrojuicio

Palma de Mallorca

 El juez pone fin a la investigación de una de las grandes piezas del caso Cursach. El magistrado Miquel Florit ha dictado este viernes un auto en el que pide sentar en el banquillo de los acusados al empresario Bartolomé Cursach, su segundo Bartolomé Sbert, la exdirectora general de Turismo, Pilar Carbonell y otras 21 personas. Entre ellos, incluye a varios mandos de la Policía Local de Palma como el excomisario Joan Mut, varios agentes de la unidad nocturna, funcionarios y trabajadores del grupo Cursach. Respecto al supuesto pago de servicios sexuales por parte de Cursach al diputado Álvaro Gijón y el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, el magistrado advierte de que los hechos se juzgarán en la causa principal.

El magistrado Miquel Florit ha puesto fin a la investigación de esta gran pieza del caso y pide que estas 24 personas se sienten en el banquillo por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, prevaricación, coacciones, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, omisión del deber de perseguir delitos y delito contra la salud pública. Hace apenas unas semanas Florit se hizo cargo del asunto tras apartar la Audiencia de Palma al juez Manuel Penalva después de que las defensas de algunos de los investigados en la trama solicitaran su recusación alegando una pérdida de objetividad.

En el auto, el juez considera que se desprenden serios indicios de la connivencia entre agentes de la policía de Palma, funcionarios del Ayuntamiento de la capital y personas con responsabilidad en organismos como Turismo con el grupo empresarial de Bartolomé Cursach. El juez señala que todos ellos constituyen una contratastada asociación para delinquir y actuaban en clara connivencia y beneficio para los grandes empresarios del ocio. Las intervenciones telefónicas incluidas en la causa han revelado con claridad, dice, la existencia de preavisos de inspecciones a sus empresas y tratos de favor.

Se relatan multitud de ejemplos, como el pago de sobres con dinero por parte del grupo Cursach a funcionarios del Ayuntamiento, con el caso concreto de un sobre con 500 euros y dos cajas de champán francés de lujo. La entrega de pases VIP también ha sido contrastada mediante intervenciones telefónicas, dice. También se habla de que el poder, miedo e influencia del grupo Cursach es tal que los informes solicitados por el juzgado a raíz de la detención del empresario se demoraron sin aparente justificación. Florit hace un relato de las obras que el magnate realizó en sus locales sin permiso, interviniendo en edificios protegidos y ampliando sin licencia.

Agentes de policía

El coportamiento de algunos de los agentes de la policía de Palma implicados en el caso es relatado ampliamente por el magistrado en el auto. Florit considera que el control de la cúpula policial a base de la supesta entrega de sobres con dinero, así como las fiestas con chicas, alcohol y cocaína explicarían el trato de favor dispensado a los establecimientos de Cursach por parte de la policía y en especial de la Patrulla Verde. De hecho, considera el magistrado que todos los que fueron jefes de esta sección disfrutaban de servicios sexuales gratuitos en la discoteca Tito's.

A lo largo de las 55 páginas del auto, el juez sostiene que las pruebas han revelado indiciariamente que los agentes que trataban de aplicar la ley con rigor y profesionalidad eran apartados y represaliados por sus mandos. Mientras tanto, otros policías comprados por Cursach se dedicaban a dar palizas a los tiqueteros extrnajeros de la competencia que después eran detenidos por el grupo de extranjería que los expulsaba del país. Al acabar la temporada, dice el magistrado, el empresario adquiría sus locales únicamente pagando las dedudas que el anterior propietario había contraído y culminando así, según el relato, el proceso de extorsión.

Estos agentes además eran agasajados en sus discotecas con fiestas, entregas de sobres con dinero y sexo. En los locales de Cursach, dice el juez, pero también en los del grupo Pabisa. Como ejemplo del poder de Cursach, el juez revela que en Calviá se dictaron propuestas de sanción por un valor de 590.000 euros de las que solo se pagaron 46.000 euros.