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La jueza del caso desaladora levanta el secreto de sumario y llama a declarar al ex consejero Cerdá

El 'caso La Sal' investiga una presunta trama en la construcción de la planta desalinizadora de Escombreras, e imputa a otras once personas por seis delitos de corrupción

Cadena SER

Murcia

Su auto, del pasado 7 de Marzo, dice que “la Querella presentada por el Fiscal refería la presunta comisión de delitos de fraude, malversación de caudales públicos, falsedad en documentos públicos y oficiales, fraude de subvenciones y delitos solitarios, y posteriormente ampliaba a insolvencias punibles”. Y ahora el resultado de la investigación permite centrar el procedimiento en dos piezas separadas:

En la primera -la más importante- se investigará el origen y construcción de la desaladora.

Señala la juez que un informe de enero de 2018 “corrobora los indicios expuestos en la querella”. Dice que “aunque fue creada con capital privado, el propósito inicial era transformarla en empresa pública, asumiendo así el Erario Público todas las operaciones millonarias buscadas sin aplicación de la legislación sobre contratación pública”.

Y añade un párrafo importante sobre la participación del exconsejero Cerdá -ahora llamado a declarar como investigado-: “se trataría de un Proyecto preconcebido, contando desde el principio con la connivencia activa y preconcebida de, al menos, los responsables públicos que participaron en su desarrollo”

En esta pieza se tomará declaración a los socios que formaban parte de la mercantil HIDROMANAGEMENT y las empresas del Grupo ACS que fueron las encargadas -dice la Juez- de conseguir una financiación “sin recurso a los accionistas” y por tanto, con todo el coste para la que sería la parte pública.

Por parte del Ente Público del Agua, dice que fue esencial la participación de su Presidente, el consejero Antonio Cerdá y de una decena de altos cargos.

Y señala que resultó “con relevante trascendencia económica para las arcas públicas de la CARM el proceso de adquisición anticipada por otra empresa, HIDRONOSTRUM del 49% de acciones en 2010”.

Tras esta adquisición HIDRONOSTRUM realizaría una ampliación de capital por importe de 850.000 € mediante una aportación dineraria “en la que no participaron los socios privados”, a pesar de que a los compradores les constaba “el carácter ruinoso del negocio por los informes de los interventores de la Comunidad Autónoma de los años anteriores”.

La jueza sigue el criterio del fiscal y le hace caso calificando de “relevantes” numerosas diligencias que ha pedido: por ejemplo le pide a la pública ESAMUR que remita “testimonio integro de los expedientes para la contratación, como asesores externos, de tres prestigiosos bufetes de abogados.

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