PP y Ciudadanos recuerdan que "nadie está por encima de la ley"

Palma de Mallorca

PP y Ciudadanos dejan claro que nadie está por encima de la ley de que todas las personas votadas y elegidas por la ciudadanía deben cumplirla. Así de claro se han mostrado ambas formaciones tras la detención del ex president catalán Carles Puigdemont.

Mientras en Més apoyan la creación de un frente político en Catalunya para defender la democracia, los derechos humanos y las libertades. David Abril de Més per Mallorca denuncia la injerencia del poder político judicial por encima del legislativo. "Esto es una injerencia total política por parte del sistema judicial y no se puede tolerar por parte de un sistema democrático" dice Abril.

Tanto Marga Prohens como Olga Ballester, de PP y Ciudadanos respectivamente, coinciden en que es justo lo que se le ha aplicado a Puidgemont por no cumplir con la ley. "Lo que nos demuestra es que no hay nadie por encima de le ley y que la sentencias se han de cumplir y no hay privilegios" dice Prohens, mientras que Ballester insiste en que Puigdemont "tiene que acatar la ley de un Estado, solo faltaría".

PSIB y Podem creen que la vía de la negociación es el diálogo a este problema político. Vicenç Thomàs, diputado del PSIB, cree importante que se cree un Govern y se hable desde la capacidad de buscar soluciones políticas que superen lo que está encima de la mesa, mientras que el diputado de Podem, Alberto Jarabo, espera que tarde o temprano se abra una vía de negociación política. En El Pi, Jaume Font, considera que la cárcel para Puigdemont "es desmedida".

Presupuestos

Todavía en lo político, Ciudadanos a nivel estatal da por cerrado el pacto con el Gobierno central para aprobar los presupuestos generales del Estado de 2018. Una decisión necesitará el respaldo del PNV, que lo vincula a la retirada de la aplicación del artículo 155 en Cataluña, aún vigente. Aquí en Balears preocupan algunos intereses como el descuento del 75 por ciento para residentes para los vuelos con la Península, también el convenio de carreteras de 240 millones de euros y otros 67 millones de euros que fueron bloqueados por el Ejecutivo central.