Dos promotores se enfrentan a cárcel por vender viviendas en Polopos sin línea de luz
Los acusados vendieron las viviendas sabiendo que no podrían tener luz y recibieron el dinero antes de declararse en concurso de acreedores
Motril
La Fiscalía de Granada ha solicitado dos años y nueve meses de prisión para los dos promotores de una promoción de 18 viviendas en Polopos que no ejecutaron la línea de baja tensión necesaria para tener electricidad y vendieron casas antes de declararse en concurso de acreedores.
Según el escrito provisional de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Efe, los acusados Jorge S.I. y Antonio C.R., compartían el cargo mancomunado de administradores de la sociedad "La marina Marysal", encargada de construir una promoción de 18 viviendas en el Camino de la Fuente de Haza de Trigo, en Polopos.
En su cargo de administradores, solicitaron al Ayuntamiento en mayo de 2008 la licencia de primera ocupación de las viviendas, concedida después de una visita del arquitecto que constató que las obras se correspondían con el proyecto.
Sin embargo, varios de los compradores de estas viviendas formalizaron sus quejas, lo que motivó que el arquitecto volviera a la promoción y acordara, ya en octubre de 2010, no ratificar la licencia de primera ocupación que había otorgado dos años antes.
En su informe, exigió a la promotora que realizara las obras de la línea de baja tensión de la promoción, necesarias para que cada vivienda pueda contar con un transformador y contratar su electricidad.
Movidos por el propósito de un ilícito beneficio, según la Fiscalía, los acusados vendieron las viviendas sabiendo que no podrían tener luz y recibieron el dinero antes de declararse en concurso de acreedores.
Una pareja, confiada de que la licencia de primera ocupación demostraba que las viviendas cumplían las condiciones expuestas, compró dos viviendas por un importe superior de casi 190.000 euros y ahora reclaman por el tiempo que no han podido vivir en las casas y otros más de 82.000 euros del coste de la línea de baja tensión.
La Fiscalía ha calificado los hechos como un delito de estafa y ha solicitado para cada uno de los acusados, que serán juzgados el próximo 4 de abril en la Sección Primera de la Audiencia de Granada, dos años y nueve meses de cárcel.