Los trabajadores de las residencias de la Diputación de Lugo pedirán amparo la semana que viene a la Valedora do Pobo
Manuel Martínez, ha alertado de que se busca “la privatización” de la gestión de los centros
Una protesta del personal de las residencias de la Diputación de Lugo / Cadena SER
Lugo
Una docena de trabajadores, que en 2015 superaban el proceso de selección para trabajar en las residencias de ancianos que programa la Diputación de Lugo, han protestado a las puertas del Pazo de San Marcos, aprovechando la celebración del pleno ordinario.
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Allí se corearon distintas consignas como, A Contratación a Solución, al tiempo que el secretario de organización de CIG Lugo, Lois Nieto, adelantaba que la próxima semana presentarán una queja a la Valedora de Pobo.
El proceso se selección, que superaron 70 personas, se celebró en 2015, coincidiendo con la “campaña electoral” de las elecciones municipales celebradas ese año.
El presidente de la diputación, Darío Campos, se ha aferrado a que la “Ley de presupuestos no permite las contrataciones fijas, y el servicio de las residencias es un servicio fijo y la ley no permite contratar personal fijo”, redundó.
Darío Campos, presidente de la diputación de Lugo
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Precisamente el presidente de SUPLUSA, que gestionaba la encomienda de las 14 residencias que proyecta el gobierno provincial hasta que se le retiró a dicha entidad para asumirlo la junta de gobierno de la Diputación, Manuel Martínez, ha alertado de que se busca “la privatización” de la gestión de los centros, dejando caer que “hay un interés de alguien importante que se va a beneficiar de esta privatización, además con ayudas como ya anunciaron de casi 1.100 euros y por ese precio SUPLUSA tendría las plazas casi gratis”, soltó.
La presidenta del PP de Lugo y portavoz provincial, Elena Candia, ha invocado que hay “unos trabajadores que pasaron un proceso selectivo, que están esperando una explicación”. Recordó que han pedido un pleno extraordinario para tratar el tema de las residencias, que “aún no se convocó”, ha objetado. Además acusó al gobierno provincial de “actitud dictatorial”. “Nos preocupa el futuro de las residencias que tienen el futuro muy incierto”, aventura.
En el BNG, el portavoz nacionalista Xosé Ferreiro ha destacado que estos trabajadores que en su día aprobaron las pruebas para las residencias, que “no fueron recurridas, y por tanto tienen derecho a poder trabajar”. “Visto como van evolucionando las cosas, cada vez tienen menos posibilidades”, ha pronosticado.
