El caso Minser de Unió Mallorquina se salda con penas menores
El que fuera presidente de la formación regionalista, Miquel Nadal, suma once meses de prisión y cuatro años de inhabilitación
Cadena SER
PALMA
El caso Minser, que salpicó al que fuera presidente de Unió Mallorquina Miquel Nadal y otros cargos del Consell de Mallorca, se ha saldado con multas y penas menores de prisión.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este martes una vista previa por el asunto, que se ha resuelto con un juicio y un acuerdo de conformidad entre la fiscalía y los cuatro acusados. Han sido condenados por delitos de malversación, prevaricación y fraude a la administración.
En el banquillo se ha sentado el que fuera presidente de la formación regionalista, Miquel Nadal, que se enfrentaba inicialmente a cinco años de cárcel. Tras el acuerdo ha sumado once meses de prisión y cuatro años de inhabilitación. La que fuera su secretaria técnica, Eugenia Cañellas, ha sido condenada a un año y tres meses de cárcel sustituibles por una multa de 5.400 euros. El exjefe de servicios de Presidencia del Consell de Mallorca ha sido condenado a una pena de inhabilitación, mientras que los dos empresarios acusados tendrán que pagar 2.500 euros de multa cada uno.
Los condenados tendrán que una responsabilidad civil conjunta de 60.000 euros. Dos de ellos ya han abonado 10.350 euros en concepto de responsabilidad civil. La fiscalía ha apreciado las circunstancias atenuantes de confesión, reparación del daño y dilaciones indebidas lo que les ha permitido rebajar sus penas.
Los acusados han reconocido que idearon, planificaron y desarrollaron una serie de acciones guiadas por el ánimo de lucro. La idea que ejecutaron era la de beneficiar al partido y a la figura de Miquel Nadal. Para ello el líder regionalista se concertó con dos empresarios a los que hizo adjudicatarios de dos contratos públicos por valor de 30.000 euros cada uno. Las cantidades fueron utilizadas por los empresarios para contratar a través de sus sociedades a personal que realizaba servicios para el partido o que eran dados de alta sin tener funciones y trabajo real y cuyo sueldo se entregaba a UM.
Los acusados ha reconocido consiguieron que 60.000 euros de fondos públicos fueran desviados para beneficio privado a UM, lo que también supuso un beneficio particular de los cargos políticos que vieron reforzada su posición en el partido. De esta manera se consiguió financiar las actividades electorales de UM con fondos públicos de manera irregular, mientras que los empresarios como contrapartida se vieron beneficiados económicamente con contratos públicos a posteriori.
