Polémica modificación

Soria

Ayer lunes entró en vigor el Decreto 4/2018, de 22 de febrero, por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas para las actividades o instalaciones ganaderas en Castilla y León, modificando así el Texto Refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. ¿Qué significa esto?

Que los proyectos de construcción de explotaciones ganaderas de vacuno, como la Noviercas, no necesitarán licencia ambiental en Castilla y León y se podrán implantar e iniciar la actividad con una comunicación simple al ayuntamiento del término municipal en el que se ubiquen. Sin información pública, informes previos ni audiencia a los vecinos colindantes.

Sí necesitarán esta licencia ambiental las explotaciones porcinas con más de 750 cerdas madres o 2.000 cerdos de cebo, y las avícolas con más de 40.000 gallinas o 55.000 pollos.

Ecologistas en Acción ha dado la voz de alarma, lógicamente, porque consideran esencial que una explotación ganadera industrial como la proyectada en Noviercas, con 20.000 vacas de leche, que conlleva un consumo de agua, unas emisiones de gases de efecto invernadero y una producción de residuos superiores a una ciudad como Soria, lleve aparejada una licencia ambiental.

En opinión de Ecologistas en Acción, la desregulación de las explotaciones ganaderas intensivas en Castilla y León se completa ahora con la eliminación de la información pública, todo informe previo y la audiencia a los vecinos colindantes, lo que supone para la entidad ecologista una vulneración de la normativa en materia de información y prevención ambiental.

Al margen de la 'barra libre', como dice Ecologistas en Acción, que supone para las explotaciones ganaderas industriales y cuya consecuencia es un aumento de la conflictividad social, un incremento de la litigiosidad y en definitiva una mayor inseguridad jurídica para promotores, lo que supone es una clara desprotección social. Porque no nos olvidemos que... una cosa es lo que la empresa redacta en el proyecto, y otra lo que luego hace sobre el terreno. Ésta y todas las empresas. Y si no existe un permiso ambiental que refleje, avale, obligue y garantice las acciones que se pretenden desarrollar, pues el desamparo social y medioambiental pues es más que evidente.

De esta manera, se modifica por decreto la ley como la de Prevención Ambiental, sin que las Cortes haya tenido la posibilidad de opinar. Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la suspensión inmediata del Decreto 4/2018, de 22 de febrero.