Sobre la moción grancanaria sobre el Sahara
Santa Cruz de Tenerife
Coalición Canaria y el Partido Socialista apoyaron sorpresivamente una moción de Podemos, pidiendo el cese de la actividad de los empresarios de las islas en el Sahara Occidental, los territorios del antiguo Sahara español. La moción, presentada en el Cabildo insular de Gran Canaria, viene a sumarse a las iniciativas que el frente diplomático del Polisario viene desarrollando en el contexto de dos decisiones de la Corte de Justicia europea, que determinan –de forma impecable, además- que la explotación de los recursos saharauis no está cubierta por los tratados y convenios de Europa con Marruecos. Eso no supone que Europa considere ilegal el comercio con productos saharauis o determine que las explotaciones existentes o futuras deban ser negociadas con el Polisario, sencillamente lo que hace es explicar que ese comercio no está cubierto por los tratados con Marruecos, dado que el territorio del Sahara no es marroquí. La interpretación del Polisario–obviamente- va más allá: cualquiera que comercie con productos o servicios de lo que los marroquís denominan “territorios del Sur” (Binter, por ejemplo, que mantiene conexiones aéreas con El Aaiún y Dajla, pero también la exportación de arena, o la faena de los pesqueros canarios en aguas del banco canario-sahariano) será perseguido en los tribunales internacionales y se le exigirán indemnizaciones multimillonarias.
La moción del Cabildo grancanario respalda las tesis polisarias, y lo hace con un lenguaje muy duro que supone una feroz crítica al papel desarrollado por los socialistas González y Zapatero, a los que acusa de haberse colocado del “lado oscuro de la Historia”. Aun así, la moción ha sido unánimemente respaldada por el grupo que preside en la corporación insular el socialista Ángel Víctor Torres, en un frívolo ejercicio de autoflagelación al que el PSOE parece haberse habituado. La moción –con escaso valor más allá del testimonial y propagandístico- será ahora enviada a Naciones Unidas, a la Comisión y el Parlamento de la UE, a la Casa Real (española), al Ministerio de Exteriores, a la delegación del Polisario en España y a la Confederación Canaria de Empresarios, a la que se pide que cese sus actividades en el Sahara Occidental hasta llegar a acuerdos con los legítimos representantes del territorio: el Frente Polisario. El Cabildo grancanario ha dado un paso más allá de la Corte de Justicia europea y de la ONU. Con el apoyo del PSOE y Coalición Canaria. Lo que dan de sí los complejos.
