El fiscal pide inhabilitar a Echávarri diez años por despedir a la cuñada de Barcala
El escrito de acusación se ha presentado al Juzgado de Instrucción número 2, en el mismo día que Echávarri ha formalizado la renuncia a su acta
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El portavoz municipal del PP, Luis Barcala (i) y el ya exalcalde, Gabriel Echávarri (d) a las puertas del Consistorio, en una imagen de archivo. / Cadena Ser
Alicante
El mismo día en que se ha hecho oficial la renuncia de Gabriel Echávarri como alcalde, y cuando aún está pendiente de resolver el recurso de apelación por parte de la Audiencia sobre su procesamiento, el fiscal ha pedido diez años de inhabilitación para él por el despido de la cuñada del portavoz popular, Luis Barcala.
El escrito de acusación ya ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante.
Así lo ha confirmado a Radio Alicante el fiscal encargado del caso, José Llor, que en su anterior escrito al juzgado pedía que se investigara al alcalde por incurrir en una "grave desviación de poder" y tomar una resolución injusta como represalia contra Barcala tras haberle denunciado por el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.
No obstante, se ha presentado un recurso contra el auto de procedimiento abreviado, por parte de la defensa de Echávarri, que ahora la Audiencia Provincial habrá de resolver.
El despido de Catalina Rodríguez, recordamos, se produjo después de que el PP denunciara en la Fiscalía a Echávarri por un presunto fraccionamiento de contratos cuando éste estaba al frente de la Concejalía de Comercio.
El cese de la trabajadora, adscrita a la Concejalía de Cultura, se produjo días después de que Barcala presentara dicha denuncia. Pero Echávarri siempre mantuvo que el despido fue legal porque su situación laboral suponía un "fraude de ley" y siempre ha negado que esta decisión respondiera a una venganza personal contra Luis Barcala.
La magistrada acordó en su día el sobreseimiento de la causa para el concejal de Recursos Humanos, Carlos Giménez.
Recordamos que Echávarri está además procesado, junto a dos de sus asesores, en el denominado "caso Comercio" en el que se le atribuye una presunta prevaricación por el supuesto fraccionamiento de catorce facturas cuando era concejal de ese área por un valor conjunto de unos 144.000 euros.
