Multas e inhabilitaciones por contratos irregulares a empresas afines a UM
Ha sido condenados por conceder un contrato de 21.900 euros a dos empresarios afines al partido regionalista
Palma de Mallorca
Condenas de inhabilitación y multas para dos exaltos cargos del Consell de Mallorca y dos empresarios afines a Unió Mallorquina por el amaño de contratos. La sección primera de la Audiencia Provincial de Palma ha celebrado este martes un juicio que ha sentado en el banquillo finalmente a cuatro personas por la concesión irregular de un contrato para elaborar vídeos de promoción turística por 21.900 euros. Los cuatro han sido condenados por delitos de prevaricación y fraude a la administración.
En el banquillo se han sentado la que fuera directora insular de Turismo, Melchora Gómez y la exsecretaria técnica de este departamento, así como dos empresarios afines a Unió Mallorquina. La exdirectora insular ha sido condenada a un año y nueve meses de inhabilitación por el delito de prevaricación y a una multa de 1.800 euros por el delito de fraude, igual que la que fuera secretaria técnica de su departamento. Los dos empresarios acusados han sido condenados a las mismas penas por los mismos delitos. Además, han entregado 18.500 euros en concepto de responsabilidad civil.
Los acusados han admitido que el contrato adjudicado mediante un concurso abierto a la sociedad Inmogroup 2010 tenía como fin último distraer el dinero público y beneficiar a los empresarios. El objeto del trabajo era la elaboración de informaciones en varios idiomas para instalar en el aeropuerto de Palma.
Las tres empresas invitadas al concurso pertenecían a los mismos empresarios y que la ganadora además incumplió el contrato porque sólo aportó siete de los 13 vídeos de promoción que tenía que elaborar, que encima fueron más cortos de los estipulado y procedían de un portal online. El Consell de Mallorca pagó los trabajos a pesar de los incumplimientos.
La fiscalía solicitaba entre cinco y ocho años para los exaltos cargos del Consell y los empresarios, con penas que sumaban 22 años de cárcel. A los dos empresarios acusados se les han reconocido las circunstancias atenuantes de confesión, dilaciones indebidas y reparación del daño.